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El titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, reconoció que “hoy tenemos una Constitución con un nuevo espíritu, con un nuevo rostro que reconoce las raíces más profundas de nuestra patria, la verdad más íntima del México profundo: los pueblos indígenas y afromexicanos”. Ello a un año de la firma del Decreto de Reforma Constitucional sobre Derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos por parte de López Obrador.
Al celebrarse el primer aniversario del Decreto de esta reforma, que consolida los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Y, en específico, el derecho a la libre determinación y a la autonomía y los reconoce como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, el titular del INPI reconoció que “hoy se construye un México en toda su grandeza, con sus raíces históricas, con sus culturas diversas”.
Al dictar la ponencia “Perspectivas de la Reforma al artículo 2° Constitucional sobre Derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos”, en la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, hizo un recuento de una historia de lucha y resistencia de los pueblos indígenas por el reconocimiento de sus derechos fundamentales. Además, se refirió a la afirmación de Sheinbaum Pardo, quien señala tres momentos transformadores y sus tres constituciones en las que no se reconoció a los pueblos del México profundo, sino hasta la Cuarta Transformación de la vida pública nacional.
“Es hasta la Cuarta Trasformación, con el gobierno humanista, que se da este paso histórico: reconocer los derechos plenos de los pueblos indígenas y afromexicanos”. Afirmó.
Adelfo Regino aseveró que la reforma rompió con la idea de que el proceso de creación normativa de reformas lo hacen los especialistas en una oficina, “desde arriba”. “Teníamos que demostrar que era posible hacer una reforma desde abajo, con los pueblos, con la gente, con los abogados indígenas”, indicó.
Agregó que eso hace más poderoso el instrumento jurídico. Pues demuestra que “sí podemos construir la transformación, las reformas normativas desde abajo y no desde la cúpula. Por eso es muy valioso este proceso amplio de diálogo y consulta que se llevó a cabo en el país”, dijo.
En ese sentido, dijo que, desde ese compromiso, la presidenta afirmó que implementaría la Reforma Constitucional al Artículo 2°. Porque, indicó, no tendría sentido tener una norma que puede servir muy bien en los escritorios, libreros o biblioteca, si no se aplica, si no es norma que transforme la realidad de los pueblos y comunidades.
Maia Campell, representante adjunta de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reconoció como un hito histórico el Decreto: “con ello se abrió una nueva etapa en la estructura política del estado mexicano al reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio cultural propio”.
Agregó que esta transformación responde a los compromisos internacionales asumidos por México para la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales. “Esos instrumentos y los estándares internacionales representan pasos fundamentales hacia la justicia e igualdad de los pueblos indígenas, contribuyendo a la lucha en contra de la discriminación y la exclusión histórica”, puntualizó.
De igual manera, José Alberto López Damián, consultor jurídico de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, afirmó que estamos en un momento de reivindicación de los pueblos indígenas, especialmente de las mujeres indígenas. “En la Consejería Jurídica estamos comprometidos en seguir trabajando con el INPI, con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en la construcción de esta nueva realidad. Y venir aquí no sólo era la oportunidad de conmemorar este primer aniversario de la Reforma Constitucional. Sino de trabajar hasta tener una Ley General que significará el segundo escalón de esta transformación que llevamos a cabo”.
La diputada, Irma Juan Carlos, integrante de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de la Cámara de Diputados, indicó que, con la firma del Decreto, se concretó un largo proceso que significó años de lucha de todos los pueblos de México. “La realidad que hoy vivimos es que tenemos un gobierno que está abrazando las luchas de los pueblos indígenas y afromexicanos. Tenemos un congreso que hoy está apoyando estas reformas. Hoy existe la voluntad política del Gobierno de México para implementar dicha reforma”, externó.
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En esa misma línea, Rosa María Hernández Fitta, integrante del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, dijo que hace un año se logró un sueño colectivo. “Una nueva página en la historia del país, que coloca a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con patrimonio propio. Hoy no sólo recordamos esa conquista, la celebramos con la determinación de que el trabajo no ha terminado. Pero con la certeza de que dimos el primer paso hacia la justicia y dignidad de todos”.
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