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El Gobierno de México compareció el día de hoy, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para participar en la audiencia pública “Derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y afromexicanos en México”. La cual se celebra en el marco del 194 periodo ordinario de sesiones de la Comisión en la ciudad de Miami, Florida.
La delegación mexicana estuvo encabezada por la embajadora Luz Elena Baños, representante permanente de México ante la OEA. A ella la acompañó el coordinador general de Patrimonio Cultural y Educación Indígena del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Gustavo Torres Cisneros. Así como representantes de la dirección general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
De igual maneara, de manera virtual participaron funcionarios de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En su intervención, la delegación mexicana, Luz Elena Baños, subrayó la importancia histórica de la adopción de la Reforma al Artículo 2° Constitucional en septiembre de 2024, cuya piedra angular es el reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
A partir de este cambio radical, ahora se reconoce constitucionalmente a los gobiernos de dichos pueblos y comunidades. Y tienen un presupuesto que pueden administrar de manera directa. Las comunidades indígenas y afromexicanas dejaron de ser tuteladas, para ejercer plenamente sus derechos y determinar libremente su desarrollo económico, social y cultural, con base en sus sistemas normativos.
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La delegación mexicana hizo notar en la audiencia pública que esta Reforma Constitucional histórica fue producto de un diálogo permanente y constructivo con autoridades indígenas y afromexicanas. Así como con otros actores relevantes, como la sociedad civil. En este marco, reconoció el papel desempeñado por organizaciones como SERAPAZ y ALDEA por sus aportaciones y refrendó la disposición del Gobierno de México para mantener este diálogo constructivo en el proceso de elaboración del proyecto de Ley General sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
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