Cártel de Sinaloa
CJNG
La semana pasada, un gran jurado federal en Phoenix presentó una acusación formal modificada contra Laurence Gray, de 65 años, propietario de Grips By Larry, un negocio de armas de fuego en Hereford, Arizona. Gray ya enfrentaba cargos por tráfico de armas. Ahora, la fiscalía añade dos delitos que podrían cambiar radicalmente su futuro judicial: intento de brindar apoyo material a dos organizaciones terroristas extranjeras (CJNG y Cártel de Sinaloa) y conspiración para brindar apoyo a una organización terrorista extranjera designada.
De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, Laurence Gray suministraba armamento a dos de los cárteles más sanguinarios de México: el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa (CDS). Cabe resaltar que ambos cárteles mexicanos quedaron designados como organizaciones terroristas extranjeras por el Departamento de Estado de Estados Unidos desde el 20 de febrero de 2025, una decisión que endureció las penas para cualquier persona que les brinde armas, dinero o logística desde suelo estadounidense.
De acuerdo con la acusación, Gray intentó enviar armas al CJNG en mayo de 2025. Así como también presuntamente conspiró para armar tanto a esa facción como al CDS a lo largo de ese mismo año. Los fiscales no brindaron detalles del tipo de armas incautadas o interceptadas.
A Gray ya lo habían acusado previamente en 2025, junto con Barrett Weinberger, un hombre de 73 años de Tucson, Arizona. En aquel entonces, los cargos incluían tráfico de armas, compras mediante prestanombres y declaraciones falsas durante la adquisición de armas. La nueva acusación —conocida como “acusación sustitutiva”— no sólo mantiene esos señalamientos, sino que los engrosa con la dimensión terrorista.
Los abogados de Gray no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentario. El acusado compareció ante un tribunal federal en Phoenix el mismo día de la lectura de cargos. Y se presume inocente hasta que un jurado determine lo contrario, tal como establece el sistema judicial estadounidense.
El caso se inscribe dentro de una operación de mayor envergadura: la llamada Operación Recuperar Estados Unidos, una iniciativa del Departamento de Justicia que, de acuerdo con sus propias definiciones, busca “repeler la invasión de la inmigración ilegal” y “lograr la eliminación total de los cárteles”. Aunque el nombre sugiere una estrategia migratoria, fiscales federales utilizan su andamiaje para perseguir a proveedores de armas como Gray, bajo la teoría de que cada fusil vendido al CJNG es un acto que fortalece a un grupo terrorista extranjero.
La investigación estuvo a cargo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la agencia que durante décadas ha rastreado el flujo de armas desde el suroeste estadounidense hacia los cárteles mexicanos. El fiscal federal adjunto Marcus Shand, con sede en Phoenix, lidera el procesamiento.
En caso de ser hallado culpable de conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista designada, Gray podría enfrentar hasta 20 años de prisión y una multa de 250 mil dólares. Los cargos originales de tráfico de armas y compras fraudulentas añaden penas máximas de 15 años por cada uno. Mientras que mentir en la compra de un arma podría sumar otros 10 años. En teoría, una condena acumulada podría superar las seis décadas de prisión.
Pero más allá de las cifras, el caso representa un giro en la manera en que el Departamento de Justicia trata el tráfico de armas hacia México. Durante años, los armeros fronterizos eran procesados por delitos de mentiras en formularios o ventas ilegales. Ahora, con la designación terrorista vigente, un cargamento de fusiles puede convertirse en un acto de apoyo al enemigo.
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Gray continúa detenido mientras avanza el proceso. Su negocio, Grips By Larry, permanece cerrado. Y en los polvorientos caminos de Hereford, donde el ruido de los disparos de entrenamiento se mezcla con el silencio del desierto, el caso dejó una pregunta flotando entre los pocos vecinos que conocían al armero: ¿cómo es que un hombre con licencia federal terminó, según la fiscalía, surtiendo a los hombres que Washington ahora llama terroristas?
