Michoacán
Durante una conferencia de prensa celebrada en Casa Michoacán, el titular de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán, Carlos Torres Piña, ofreció este jueves una actualización significativa sobre la investigación del ataque ocurrido el 24 de marzo en la preparatoria Antón Makárenko, en Lázaro Cárdenas, donde un adolescente de 15 años asesinó a dos maestras de dicho plantel.
Acompañado por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y el secretario de Seguridad Pública Estatal, José Antonio Cruz Medina, Torres Piña corrigió información que circuló ampliamente en medios nacionales e internacionales. De acuerdo con el fiscal, el arma utilizada no fue un fusil AR-15, sino un artefacto de fabricación casera.
“Se trata de un arma hechiza”, declaró el fiscal, sin ofrecer detalles adicionales sobre el calibre o el mecanismo del dispositivo, aunque confirmó que se investiga su origen. Esta revelación modifica uno de los ejes centrales del relato inicial, que encendió alarmas sobre el acceso de menores a armamento de uso exclusivo del ejército.
No obstante, más allá de la balística, el tono del comunicado oficial se centró en un aspecto inusual en la cobertura de masacres escolares: el reconocimiento explícito a la reacción de las víctimas. Torres Piña destacó la “valentía y el sentido de responsabilidad” de los estudiantes que sometieron, desarmaron y detuvieron al agresor, de 15 años, evitando lo que pudo haber sido una tragedia aún mayor.
“Reconocemos la valentía y el sentido de responsabilidad de estos jóvenes; su actuación fue decisiva para contener la agresión y proteger a su comunidad”. Aseveró el fiscal, en un gesto que busca equilibrar la narrativa entre el horror del ataque y el valor de los jóvenes para detenerlo.
En cuanto a las investigaciones, la fiscalía detalló que se fortalecieron las líneas de trabajo mediante inteligencia, análisis de contexto y revisión de plataformas digitales. Los peritos identificaron entornos, interacciones y posibles factores asociados al comportamiento del imputado, líneas que, en casos similares en Estados Unidos o Europa, suelen incluir el rastreo de discursos de odio, ideaciones violentas o patrones de aislamiento.
Al adolescente, identificado simplemente como Osmar “N”, ya lo imputaron por feminicidio. Y está bajo la medida cautelar de internamiento preventivo, mientras avanzan las indagatorias ministeriales. Aunque la ley limita severamente la pena máxima para menores de 15 años, el fiscal evitó referirse al rango de condena y se concentró en la solidez de los datos de prueba: “No habrá espacio para la impunidad”, prometió.
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En paralelo al avance judicial, Torres Piña aprovechó la tribuna para promover los foros “Desconéktate-Reconéktate”, un programa estatal que, desde noviembre de 2025, llegó a 44 mil 355 estudiantes, padres y docentes a través de 37 encuentros en secundarias, preparatorias y universidades. La iniciativa, indicó, es parte de una fiscalía que “no sólo investiga, sino que entiende las causas y actúa para prevenir”. Y agregó que “la justicia no se limita a sancionar; también implica evitar que estos hechos se repitan”.