Chihuahua
CIA
Maru Campos
Senado
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, declinó participar en una reunión de trabajo convocada en el Senado de la República. Ello bajo el argumento de que su presencia podría interferir con investigaciones en curso relacionadas con el hallazgo y desmantelamiento de un laboratorio clandestino de drogas en la región serrana de “El Pinal”, en el municipio de Morelos, Chihuahua.
La decisión se comunicó mediante un oficio dirigido a la senadora María Martina Kantún Can, secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara Alta. En el escrito, el gobierno estatal justificó su ausencia como una medida para salvaguardar el “adecuado desarrollo” de las pesquisas y evitar la divulgación de información confidencial o clasificada.
“Es prioritario garantizar la debida conducción institucional de los datos y el respeto a la seguridad nacional”, señaló la administración estatal en el documento.
La mandataria, quien gobierna Chihuahua desde 2021 bajo los principios declarados de legalidad y transparencia, insistió en que su actuación es consecuente con la responsabilidad que exige el ejercicio de la función pública. Desde el estallido del caso, dijo, instruyó la recopilación de informes oficiales y la creación de una Unidad Especializada para la Investigación de los Hechos Relacionados con el desmantelamiento del narcolaboratorio localizado en “El Pinal”, en el municipio de Morelos, Chihuahua.
Dicha unidad, explicó el oficio, continúa activa analizando los acontecimientos ocurridos entre el 16 y el 19 de abril del presente año. Agregó que ya remitió información a la Fiscalía General de la República (FGR) en respuesta a requerimientos formales de esa instancia federal. Sin embargo, por ahora la cooperación plena con las autoridades nacionales se mantiene en pausa.
“El Gobierno del Estado de Chihuahua reitera su disposición a colaborar con las autoridades federales en el marco de la ley, una vez que las condiciones del proceso lo permitan”, concluye el comunicado.
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Hasta el momento, la senadora Kantún Can no envió una respuesta pública sobre la renuncia de la gobernadora a comparecer. El caso del laboratorio de “El Pinal” reavivó el debate sobre la coordinación entre los niveles estatal y federal en materia de seguridad, especialmente en regiones donde el crimen organizado consolidó infraestructura para la producción de drogas sintéticas.
