CIDH
desaparecidos
No es un país, es una herida abierta. Y cada año, la costra se rompe un poco más. Así lo confirma el más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los desaparecidos en México: un documento que dibuja un territorio donde la ausencia se volvió moneda corriente. Desde 2018, fecha que toma como punto de partida el organismo autónomo de la OEA, el Estado mexicano ensayó políticas, creó comités y aprobó leyes. Pero el fenómeno no sólo persiste: se transforma, se enquista y, sobre todo, duele en millones de pliegues.
Allí donde las cifras oficiales se quedan cortas, el informe pone carne al hueso: al cierre de junio de 2025, el registro nacional superaba las 128 mil personas desaparecidas. No obstante, organizaciones independientes elevan la cifra de cuerpos sin identificar bajo custodia estatal a más de 70 mil. No son estadísticas.
Lejos de la simplificación binaria (malos contra buenos), la CIDH matiza: la mayoría de las desapariciones son obra del crimen organizado. Pero esa verdad a medias oculta una más incómoda: las desapariciones forzadas perpetradas directamente por agentes del Estado no han sido erradicadas. El documento documenta varios casos recientes de complicidad entre policías, fiscales y grupos delictivos. Una alianza macabra que permite borrar a una persona del mapa sin dejar rastro, o dejando el rastro equivocado.
El informe dedica un capítulo escalofriante a la especificidad de la violencia. No es lo mismo desaparecer a un niño que a una mujer trans, a un periodista que a un migrante extranjero. La CIDH afina el lente: niñas, niños y adolescentes son reclutados por la fuerza; mujeres y personas LGBTIQ+ son desaparecidas por su género; defensores y periodistas, por su labor informativa; migrantes, por su vulnerabilidad en rutas de tránsito. Cada caso es un engranaje distinto de la misma máquina de horror
La Comisión saluda como un gesto esperanzador la nueva estrategia federal de seguridad pública aprobada en 2025 —bautizada oficialmente como de “atención a las causas”—. Pero advierte que “la impunidad en los casos de desaparición es apremiante y que se evidencia en la casi nula judicialización de casos y la baja emisión de sentencias”. Así como también resaltan las deficiencias de procedimiento y técnicas de investigación.
Quizá el apartado más descarnado del informe es el que aborda la impunidad. “Apremiante”, la llama la CIDH. Y los números le dan la razón: apenas una veintena de casos de desaparición llegaron a judicialización en el último año. Un puñado frente a un océano de 128 mil. Las razones son muchas y todas estructurales: fiscales saturados, planes de investigación inexistentes, hipótesis que no llevan a ningún lado, tipos penales mal aplicados. Pero también hay razones humanas: miedo a denunciar, desconfianza en las instituciones, familias que terminan investigando por su cuenta porque el Estado les ha devuelto la tarea como un eco vacío. La Comisión plantea que varios de estos retos son “subsanables” si se recupera la centralidad de las víctimas y sus familias.
Hay un heroísmo callado que el informe no se cansa de mencionar: el de los colectivos de búsqueda. Mujeres, madres, hermanas, hijas que recorren fosas clandestinas con palas y esperanza. La CIDH valora su impulso; pero también alerta: buscan con el miedo encima. Muchas son amenazadas, vigiladas, golpeadas. El Sistema Nacional de Búsqueda, reactivado en 2020, sigue cojeando por falta de coordinación real con las fiscalías.
En términos forenses, el balance de desaparecidos en México es devastador. La CIDH habla de “efectividad muy limitada”. Los centros de identificación están desbordados o mal equipados. Y, en muchos casos, sin personal suficiente para aplicar un enfoque masivo que permita comparar decenas de miles de perfiles genéticos con cuerpos abandonados en fosas o servicios médicos forenses.
El informe reserva un espacio para la esperanza institucional: valora la creación de una dirección especializada en atención a colectivos dentro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Pero denuncia demoras inaceptables en los apoyos inmediatos —económicos, psicológicos, jurídicos— y la precariedad de las comisiones locales.
En cuanto a la memoria, la CIDH destaca la instalación de una comisión de la verdad para los hechos de la llamada “Guerra Sucia” (años setenta y ochenta). No obstante, señala un obstáculo recurrente: las instituciones militares se niegan a entregar información. Sin documentos, sin archivos, sin datos, no hay verdad posible.
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El informe cierra con diversas recomendaciones concretas ante los miles de desaparecidos en México: desde evaluar la eficacia de las estrategias de seguridad ciudadana hasta garantizar la interoperabilidad de los bancos de datos, pasando por el acceso efectivo a apoyos económicos para las familias buscadoras y el esclarecimiento de responsabilidades estatales en todos los niveles.
