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El Gabinete de Seguridad federal informó sobre el desmantelamiento, en el Estado de México, de una red criminal familiar que tenía como objetivos a políticos, funcionarios públicos y empresarios, y que utilizaba Inteligencia Artificial (IA) para clonar la voz de altos funcionarios para cometer extorsión. De acuerdo con los últimos reportes, el líder de dicha red de extorsionadores era un exfuncionario de finanzas del Gobierno de Michoacán, quien aprovechó décadas de contactos y conocimiento interno acumulados durante su carrera en el servicio público para construir un sistema de extorsión basado en la suplantación de identidad.
A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México anunciaron la detención de cinco presuntos integrantes de la organización en un domicilio ubicado en el exclusivo fraccionamiento “La Providencia”, en el municipio de Metepec. Entre los detenidos están Luis Miranda Contreras, señalado como el presunto cabecilla de la red; su esposa, Liliana “N”; su hijo Luis Samuel “N”; su hija Aimee de Guadalupe “N”; y un escolta identificado como Agustín Arturo “N”.
De acuerdo con las indagatorias, las actividades del grupo se remontan, por lo menos, a 2021. Su modus operandi dependía en gran medida de la integración de información y el disfraz tecnológico: los sospechosos primero obtenían los números telefónicos personales de sus objetivos mediante una red de contactos que Miranda Contreras construyó durante su tiempo en el servicio público. Posteriormente, enviaban mensajes o realizaban llamadas haciéndose pasar por el “secretario particular de algún funcionario”, argumentando la necesidad de confirmar agendas o coordinar comunicaciones y así obtener más información de las víctimas.
Una vez obtenida la confianza, otro integrante se comunicaba con la víctima suplantando a un funcionario de mayor jerarquía y le solicitaba apoyo económico. Según el comunicado oficial, los pretextos para exigir dinero incluían “la operación política”, agilizar pagos, la incorporación laboral de determinadas personas en estructuras administrativas, o recomendar la contratación de servicios con algún proveedor específico.
Para reforzar el engaño, los sospechosos utilizaban cuentas de comunicación con logotipos y nombres de dependencias gubernamentales u organizaciones políticas, y se apoyaban en herramientas de inteligencia artificial para imitar la voz de los funcionarios suplantados, generando conversaciones ficticias —de texto o voz— que después compartían con las víctimas para disipar sus dudas. Un registro de llamadas en poder de los investigadores muestra que los sospechosos intentaron obtener los datos de contacto de representantes de una empresa dedicada al desarrollo de tecnologías para la emisión de documentos de identidad de alta seguridad, alegando que “un alto funcionario deseaba llamarles desde su teléfono personal”, para luego ofrecerles un supuesto “contrato” a cambio de una suma de dinero.
Las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México determinaron que los sospechosos utilizaron, por lo menos, 19 teléfonos celulares (entre ellos de modelos como iPhone, Samsung Galaxy y Motorola) junto con múltiples tarjetas SIM de distintas compañías para realizar estas actividades. Algunos de los dispositivos presentan registros de comunicación que coinciden con los números reportados por las víctimas. Durante el cateo del inmueble investigado, las autoridades aseguraron diversos equipos de comunicación, tarjetas SIM y vehículos de lujo.
Luis Miranda Contreras se desempeñó entre 2012 y 2013 como tesorero general y secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Michoacán. Previamente ocupó cargos en la administración pública en distintos órdenes de gobierno. De acuerdo con los reportes oficiales, cuenta con antecedentes penales por peculado y lo inhabilitaron en el estado de Michoacán, aunque dicha sanción no impidió que presuntamente organizara la red de extorsión mencionada.
Registros públicos sugieren que, en 2017, la fiscalía de Michoacán lo acusó de autorizar, durante su gestión, pagos por aproximadamente 26.68 millones de pesos a dos proveedores por servicios que, presuntamente, nunca se prestaron.
Debido a que Luis Miranda está “boletinado” en el sistema bancario de México, la red presuntamente exigía que los recursos solicitados se entregaran en efectivo. Aunque, cuando necesitaba “bancarizar” los recursos ilícitos, el sospechoso utilizaba una empresa de arquitectura y construcción propiedad de su hija Aimee “N” para procesar el dinero, parte del cual destinaron a la compra de propiedades en zonas de alta plusvalía y vehículos de lujo.
El pasado 6 de octubre de 2026, un juez del Estado de México dictó la vinculación a proceso de los cinco detenidos por el delito de extorsión, con medida cautelar de prisión preventiva justificada. Los cinco están recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya.
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La fiscalía mexiquense exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo a través del correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx. Así como al número telefónico 800 7028770 o en la aplicación oficial para dispositivos móviles.
