Crimen
La situación judicial para la famosa conductora de televisión Inés Gómez-Mont y su esposo, el empresario Victor Manuel Álvarez Puga, parece cobrar nueva fuerza. Ahora, meses después del anuncio de la investigación por lavado de dinero, y que incluso la Interpol activara una ficha roja para buscar a la escurridiza pareja en 194 países, ahora la Fiscalía General de la República (FGR), reveló que ya existe una orden de aprehensión en contra de ambos.
Además del delito de lavado de dinero, sobre Gómez-Mont y Álvarez Puga pesan otros delitos, como delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
A través de un comunicado, la FGR señaló que fue en noviembre de 2019 cuando, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), comenzó la investigación en contra de Inés Gómez-Mont y Victor Manuel Álvarez Puga.
Así como también de Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R” y siete empresas. Lo anterior por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La FGR señala que los antes mencionados “probablemente” simularon operaciones y proporcionaron recursos a una organización criminal, así como también contribuyeron a evitar el rastreo de dichos recursos ante las autoridades tributarias.
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La pareja, en participación con otros individuos, llevaban a cabo múltiples contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación. Para ello, usaban comprobantes fiscales digitales por Internet, que cubrían operaciones apócrifas y simulaban actos de comercio y prestación de servicios que, jamás se efectuaron.
Esas operaciones fantasmas servían como tapadera para un objetivo real: lavar el dinero. Esto al convertir los ingresos ilícitos en ganancias lícitas inexistentes.
Las investigaciones mostraron que la cabeza de operación estaba a cargo de Álvarez Puga y Gómez-Mont. Ellos realizaban las operaciones a través de supuestos “representantes de personas morales”. El resto del grupo delictivo lo formaban Héctor “Z”, Armando “R”, José “O”, Ricardo “C”, Yareli “C”, ellos efectuaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales.
Por otro lado, existía un grupo de servidores públicos como Eduardo “G”, Paulo “U”, Emanuel “C”, Jesús “P” y Jorge “N”. Ellos facilitaban los recursos del erario federal. ¿Cómo? A través de celebrar contratos ilegales
Tan sólo una de las empresas representada por Héctor “Z”, obtuvo más de dos mil 500 millones de pesos, incurriendo en la probable comisión de los delitos previamente mencionados. Además, la pareja líder de la organización consiguió dos contratos con los Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso), mismos que ascienden a dos mil 950 millones de pesos.
Por ahora, sólo tres de los imputados está detenido y en prisión; sin embargo, aún falta dar con el paradero de los demás involucrados. En el caso de Gómez-Mont y Álvarez Puga, se mantiene la ficha roja de la Interpol para su identificación y captura a nivel internacional.
