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El asunto de la política contra los migrantes en Estados Unidos ha causado controversia desde hace unos meses. Sin embargo, un caso en particular se volvió mediático en fechas recientes. Se trata de la detención de los hermanos Carlos Martín y Óscar Alejandro González-Meza, quienes fueron recluidos en el Centro de Detención de los Everglades. Esta es una remota instalación migratoria ubicada en Florida, a la cual la denominan el “Alcatraz de los caimanes” por sus condiciones y ubicación aislada.
Tras alrededor de dos semanas en dicha instalación norteamericana, finalmente los hermanos Gonzále-Meza ya quedaron en libertad y ahora se encuentran en territorio mexicanos. Así lo dio a conocer Roberto Velazco Álvarez, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
A través de una serie de publicaciones en redes sociales, Velazco Álvarez indicó que el cónsul de México en Orlando, Juan Sabines Guerrero, confirmó que ambos hermanos ya están en México, “sin cargos y con sus documentos vigentes”. Ante ello, reconoció el apoyo recibido por el consulado en la asistencia en este caso.
Asimismo, resaltó el trabajo de la abogada del Programa de Asesorías Legales Externas junto a aliados de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA). El diálogo con autoridades locales y federales permitió la salida voluntaria de los jóvenes este fin de semana.
“Desde la SRE permanecemos atentos a los mexicanos que aún están detenidos en dicho centro. Por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum y del canciller [Juan Ramón] De la Fuente, monitoreamos que sus procesos migratorios se realicen de acuerdo con el debido proceso y respeten la dignidad humana”. Subrayó Roberto Velazco.
El caso cobró más controversia debido a que se reportó que ambos hermanos contaban con estatus legal para permanecer en Estados Unidos. Sin embargo, su detención—desencadenada por una infracción de tránsito menor—reavivó el debate sobre las prácticas de control migratorio y el trato a los detenidos en centros como los Everglades, un complejo rodeado de humedales y habitado por caimanes.
Carlos Martín, de 28 años, se encontraba de vacaciones en Florida con una visa de turista vigente. A pesar de ello, lo detuvieron el 7 de julio por una infracción menor de tránsito. Aunque la falta no justificaba un arresto, agentes de la patrulla de caminos de Florida activaron una “retención migratoria”, derivando en su traslado a las autoridades federales. A su hermano, Óscar Alejandro, de 31 años, residente legal en Estados Unidos y casado con una ciudadana estadounidense, lo detuvieron poco después cuando intentaba ayudarlo.
A ambos hermanos los enviaron al Centro de Detención Migratoria de los Everglades “Alcatraz de los caimanes”, un lugar señalado reiteradamente por organizaciones de derechos humanos por sus condiciones opresivas. Ubicado en una zona pantanosa y remota, el centro es acusado de aislar deliberadamente a los detenidos, dificultando su acceso a representación legal y asistencia consular.
El caso de los hermanos generó una rápida condena de funcionarios mexicanos y grupos de defensa. Roberto Velasco Álvarez, titular de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), anunció su liberación en redes sociales, destacando la gestión de los consulados en Orlando y Miami, así como el apoyo de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA).
El padre de los detenidos, Martín González, viajó a Florida; pero le negaron visitar a sus hijos o recibir información sobre su situación legal. Mientras tanto, los consulados mexicanos enfrentaron trabas burocráticas para acceder a los hermanos debido a demoras en la asignación de sus números de caso.
El centro de los Everglades es un punto de conflicto en el debate migratorio de EE. UU. Su diseño —aislado en una zona ecológicamente hostil y rodeado de vida silvestre— levanta acusaciones de que busca dificultar el acceso a abogados y familiares. Aunque inspecciones consulares mexicanas en julio no reportaron hacinamiento, ONGs y legisladores documentan falta de atención médica, confinamiento prolongado y limitaciones al debido proceso.
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La polémica creció cuando el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció más vuelos de deportación desde el centro la semana pasada. Al mismo tiempo que presumía la expulsión de “cientos de ilegales” y planes de emplear a la Guardia Nacional como “jueces migratorios”.
