Claudia Sheinbaum
desaparecidos
Una abrumadora mayoría del 92 por ciento de los mexicanos respalda las medidas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para enfrentar la crisis de desaparecidos en el país. Lo anterior de acuerdo con datos obtenidos a través de una encuesta exclusiva de QM Estudios de Opinión en colaboración con Heraldo Media Group. Según el sondeo, únicamente el cuatro por ciento se declaró en desacuerdo, mientras que el resto optó por respuestas neutras o no contestó.
El respaldo ciudadano llega en un momento clave: el lunes 24 de marzo, el gobierno federal presentó un paquete de reformas legales para reforzar los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas, una de las heridas abiertas más dolorosas de México. Las iniciativas pretenden modificar la Ley General de Población y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada. Esto con el objetivo de agilizar las investigaciones y crear una Plataforma Única de Identidad que centralice datos críticos.
“Estas reformas permitirán fortalecer la coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y autoridades forenses”, explicó Sheinbaum durante el anuncio. “La identificación de víctimas es un paso fundamental para hacer justicia”, añadió.
El avance más tangible ocurrió este martes, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) tomó control del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, un sitio vinculado a múltiples investigaciones por desapariciones. Aunque las autoridades no revelaron detalles específicos, aseguraron que se priorizará el procesamiento forense para acelerar la identificación de restos.
El caso de Jalisco es emblemático: el estado acumula más de 15 mil personas desaparecidas no localizadas, según datos oficiales. Y es escenario de hallazgos macabros, como fosas clandestinas y centros de exterminio operados por el crimen organizado.
A pesar del apoyo ciudadano, especialistas advierten que el camino será largo. México supera las 110 mil desapariciones no resueltas desde 1964, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Organizaciones como Familiares en Búsqueda exigen leyes y resultados tangibles: localización con vida, justicia para los responsables y reparación del daño.
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“Las reformas son un avance; pero sin recursos suficientes y voluntad política real, quedarán en papel”, señaló Ana Belén López, coordinadora de la Red por los Derechos de las Víctimas.
Mientras tanto, el gobierno de Sheinbaum insiste en que su estrategia combinará tecnología, inteligencia y trabajo territorial. La próxima prueba de fuego será la implementación efectiva de las reformas en estados con altos índices de violencia, como Guanajuato y Michoacán.
