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Congreso
El pasado jueves 29 de mayo de 2025, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma al Código Penal para tipificar como delito la administración subrepticia de sustancias mediante pinchazos en el transporte público, una práctica que generó alarma en los últimos meses, especialmente en el Metro. La medida, impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y la diputada priísta, Tania Larios Pérez, busca cerrar un vacío legal que hasta ahora dificultaba perseguir estos ataques.
Con la reforma, quien introduzca sustancias en el cuerpo de una persona sin su consentimiento —ya sea mediante jeringas u otros objetos punzocortantes— enfrentará penas que van de los dos, a los cinco años de prisión. Así como multas de hasta 300 días de salario mínimo. Las sanciones se agravarán si la víctima es mujer, menor de edad, adulto mayor o persona con discapacidad. O si el crimen ocurre en transporte público, o con fines de cometer otros delitos, como robos o agresiones sexuales.
En las últimas semanas, decenas de usuarios del Metro de la CDMX denunciaron pinchazos en estaciones y vagones. A raíz de ello, aseguraron sentir síntomas como mareos, confusión y somnolencia. Aunque inicialmente se cuestionó la veracidad de los reportes, la acumulación de casos llevó a las autoridades a reconocer el problema.
“Legislación penal vigente no contempla de específicamente la modalidad de agresión que implica la administración subrepticia de sustancias mediante pinchazos. Lo que significa que esta conducta no está tipificada como un delito autónomo. Y limita la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar efectivamente estas conductas, al depender de figuras jurídicas que no se diseñaron para atender esta nueva modalidad delictiva”. Explicó el diputado morenista, Alberto Martínez Urincho.
Mientras la mayoría de los legisladores celebraron la reforma como un avance, algunos criticaron su enfoque reactivo. Tal es el caso de Olivia Garza (PAN), quien externó que “la propuesta es un avance; pero no resuelve el problema. Se requiere una pena mayor en los años de prisión preventiva y en la multa estipulada”.
Por su parte, Luisa Fernanda Ledesma, de Movimiento Ciudadano, resaltó que “esta iniciativa no ataca las causas del problema, ni representa una solución integral. Pues no sólo se debe tipificar el delito, también se requiere adoptar un enfoque más amplio y preventivo, garantizar la respuesta eficaz de las dependencias correspondientes y modernizar el sistema de vigilancia”.
En tanto que la también morenista, Elizabeth Mateos, indicó que la CDMX “dio el paso que otros apenas discuten”. “Somos una de las primeras capitales de América Latina en tipificar de forma autónoma la administración subrepticia de sustancias”, agregó.
El diputado Pablo Trejo, del PRD, destacó que “con esta aprobación del dictamen, nadie queda fuera de la protección legal, con medidas emergentes en normas permanentes y efectivas”.
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Varios legisladores advirtieron que los pinchazos podrían ser la antesala de delitos más graves, como violaciones, secuestros o trata de personas, como lo indicó la legisladora Yolanda García Ortega. En tanto que, el morenista, Miguel Ángel Macedo, dijo que ” el uso de pinchazos para inmovilizar es un delito cobarde, violento y profundamente invasivo, al ser una agresión que atenta contra la integridad física, mental y emocional, que afecta en especial a mujeres, adolescentes, personas con discapacidad y mayores”.