Carlos Manzo
CJNG
Omar García Harfuch
SSPC
Las autoridades mexicanas asestaron un golpe significativo al entramado criminal que opera en el estado de Michoacán. Ello a través de la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, a quien señalan como el presunto autor intelectual del asesinato del expresidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.
Vía redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la captura de Álvarez Ayala durante un operativo orquestado por la SSPC, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Secretaría de la Defensa Nacional, con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia.
“R1 es identificado como el principal líder de ‘Los Rs’, una de las células criminales más violentas vinculadas al CJNG, con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, Michoacán. Así como en Jalisco. Esta organización está relacionada con extorsión, homicidios y tráfico de droga, afectando directamente a productores, empresarios y familias de la región”, detalló García Harfuch.
El secretario subrayó que, con esta captura, suman 31 personas detenidas por el asesinato de Manzo Rodríguez. Así como también refirió que esta acción “representa un avance relevante en la estrategia de la presidenta, Claudia Sheinbaum, para combatir la extorsión y debilitar las estructuras criminales mediante inteligencia, investigación y coordinación, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”.
De acuerdo con los informes oficiales, Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, era el líder de una célula criminal denominada ‘Los Rs’, una facción especialmente violenta del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta organización, con presencia en puntos estratégicos del occidente del país —incluyendo Apatzingán, Uruapan y Morelia en Michoacán, así como zonas limítrofes de Jalisco—, es señalada por las autoridades como responsable de una ola de delitos de alto impacto en la región, particularmente la extorsión a productores de aguacate y empresarios.
El objetivo, de acuerdo con las autoridades, era desarticular una estructura que no sólo operaba el crimen, sino que también ejercía un control territorial férreo, afectando el corazón económico y social de la región de Tierra Caliente.
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El asesinato del otrora presidente municipal de Uruapan se convirtió en un símbolo de la violencia endémica que azota a los funcionarios públicos en México. A Manzo Rodríguez, un candidato independiente que llegó a la alcaldía con un contundente 66.7 por ciento de los votos, lo asesinaron a balazos en la Plaza Morelos durante el Festival de las Velas 8 un evento multitudinario en el marco de las conmemoraciones del Día de Muertos) frente a su familia y cientos de asistentes.
El ataque, perpetrado por un joven de 17 años, identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, a quien también abatieron en el lugar, evidenció la vulnerabilidad de los servidores públicos incluso bajo un dispositivo de seguridad que incluía elementos de la Guardia Nacional. La muerte de Manzo, quien hizo de la lucha contra la inseguridad su bandera y se negó a pactar con el crimen organizado, provocó una ola de indignación y protestas en Uruapan y otras ciudades de Michoacán.
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La detención de “R1” representa un avance en el esclarecimiento del magnicidio y una validación de la estrategia de seguridad federal. La cual, como refirió García Harfuch, busca debilitar las estructuras financieras y operativas del crimen organizado en el marco del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”. Sin embargo, el caso también puso de relieve la compleja y violenta disputa territorial que sostienen grupos como el CJNG, Los Viagras y Blancos de Troya en la región, una lucha que, como el propio Manzo advirtió, convirtió a Uruapan en un campo de batalla donde la vida de sus ciudadanos y gobernantes se vio atrapada en el fuego cruzado.