CDMX
Trata de personas
Más de una década después de que las primeras víctimas comenzaran a cruzar el umbral de una casona en una de las colonias más emblemáticas de CDMX, las autoridades capitalinas lograron un avance procesal significativo contra la mujer que presuntamente controlaba un negocio de explotación sexual disfrazado de casa de citas en la Roma Norte.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que un juez de control dictó la vinculación a proceso de Alma “N”, acusada por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en perjuicio de, al menos, dos mujeres. No obstante, las pesquisas apuntan a un escenario más lúgubre: el inmueble, ubicado en calles de la colonia Roma Norte, habría albergado a otras diez víctimas en condiciones de vulnerabilidad y sometimiento, según consta en la carpeta de investigación.
Los hechos se remontan a junio de 2014. Durante años —señala el expediente—, el lugar operó bajo el velo de un servicio de acompañantes, en el que las mujeres no sólo ofrecían servicios sexuales bajo presión económica; sino que también debían ceder una parte de sus ingresos directamente a Alma “N”. Las declaraciones de las denunciantes resultaron clave para que la fiscalía identificara a la imputada como la verdadera operadora del esquema, y no una simple administradora o empleada.
El caso tomó un giro decisivo cuando los agentes del Ministerio Público, apoyados por peritos y la Policía de Investigación (PDI), integraron los datos de prueba suficientes para solicitar una orden de captura. La detención, por parte de la Policía de Investigación, se ejecutó el pasado 28 de abril en la alcaldía Venustiano Carranza.
Durante la audiencia inicial, celebrada el 2 de mayo, la representación social presentó ante el juez un entramado probatorio que incluía testimonios, registros de ingresos del inmueble y seguimientos patrimoniales. La autoridad judicial coincidió y decretó la vinculación a proceso, además de imponer la medida cautelar más severa: la prisión preventiva.
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La defensa de Alma “N”, que no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, aún puede impugnar la medida. En un comunicado institucional, la Fiscalía capitalina recordó que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, la acusada goza del principio de presunción de inocencia y será tratada como tal hasta que una sentencia firme determine lo contrario.
El plazo para el cierre de la investigación complementaria es de un mes, un período que los fiscales calificaron como crítico para consolidar la acusación. La Fiscalía, por su parte, aseguró en un comunicado que mantiene su compromiso de “garantizar el acceso a la justicia y proteger la integridad y los derechos de las víctimas”.