Diputados
Reforma al Poder Judicial
Este martes 3 de septiembre de 2024, la Cámara de Diputados tuvo una sesión fuera de lo común, pues debido a las protestas y manifestaciones en contra de la Reforma al Poder Judicial, tuvieron que migrar la sede hacia Ciudad Deportiva, en Magdalena Mixhuca. Allí se llevó a cabo la votación para determinar si proceden o no, las reformas a la Constitución propuestas por Andrés Manuel López Obrador.
La sesión se prolongó por poco más de 17 horas, por lo que, hasta pasadas las 9:30 horas de este miércoles, se llegó a una decisión. Los diputados aprobaron en lo general y en lo particular, con 357 votos a favor 130 en contra y cero abstenciones, el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de reforma del Poder Judicial.
Al ser un caso extraordinario, ahora las votaciones se llevaron a cabo de forma distinta debido a que no se contaba con la tecnología tradicional, como el panel digital que muestra el nombre y voto de cada legislador. Así que los diputados expresaron su voto uno a uno en esta ocasión.
En esta ocasión, se hizo notable la mayoría calificada de parte de los legisladores de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, quienes rechazaron las reservas presentadas por los diputados de la oposición. Con ello, ahora la propuesta de Reforma al Poder Judicial de México pasará a la Cámara Alta, donde los senadores de la República definirán su progreso.
Tal como se ha mencionado en ocasiones anteriores, la propuesta de reformar al Poder Judicial impulsada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, busca que tanto los jueces, como los magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se elijan a través del voto para los comicios que se efectuarán en 2025 y 2027.
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Adicionalmente, pretende reducir a nueve la integración de los ministros de la Suprema Corte. Y que éstos tengan una duración máxima de 12 años en su posición. Asimismo, otorgaría la facultad a un Tribunal de Disciplina Judicial para investigar y, en caso de requerirse, sancionar a los servidores públicos del Poder Judicial que sean partícipes de actos que vayan en contra de la ley, la administración de la justicia o del interés público.
