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Representantes del Gobierno de México y autoridades municipales afromexicanas llevaron a cabo la primera “Asamblea para iniciar el Plan de Justicia y Desarrollo Regional del Pueblo Afromexicano de la Costa Chica de Guerrero y Costa de Oaxaca”. Ello mediante un diálogo horizontal de gobierno a gobierno; una nueva política entre el Estado Mexicano y los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, impulsado por el actual gobierno federal.
Lo anterior, en cumplimiento con el mandato constitucional del Artículo 2° que establece que el Estado deberá determinar políticas públicas que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Y, para ello, impulsará planes de desarrollo para su desarrollo integral, intercultural y sostenible para mejorar las condiciones de vida y bienestar común de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Ante ello, en el marco del Día del Pueblo negro Afromexicano de Oaxaca, iniciaron la construcción participativa de este “Plan de Justicia y Desarrollo Regional” como parte del “Plan General Lázaro Cárdenas del Río”. Este último abarca la región del Balsas, que contempla a Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Puebla, Morelos y el estado de México. Y su seguimiento está a cargo el jefe de Oficina de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel.
El director de Patrimonio Cultural y Educación Indígena del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Gustavo Torres, en representación del titular de dicha institución, Adelfo Regino Montes, resaltó que el Artículo 2° de la Constitución Federal, reconoce, por primera vez, a los Pueblos Afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
“Sobre esta base se construye este Plan de Justicia y Desarrollo Regional del Pueblo Afromexicano de la Costa Chica de Guerrero y Costa de Oaxaca”. Dijo.
Añadió que el Artículo 2° reconoce y garantiza el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas para participar en condiciones de igualdad sustantiva en los procesos de desarrollo integral de sus pueblos y comunidades y en la toma de decisiones de carácter público. Así como en la promoción y respeto de sus derechos de acceso a la educación, salud, propiedad y posesión de la tierra, entre otros derechos humanos.
Detalló que se trabaja en la Ley General sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, “esperamos que el próximo año ya podamos hacer las consultas como dijo Claudia Sheinbaum, para ser enviada al Poder Legislativo para su aprobación”.
Indicó que, para hacer justicia y reconocer la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas y Afromexicanos, el gobierno federal creó la Comisión Presidencial de Planes de Justicia y Desarrollo Regional de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
En su intervención, la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Claudia Olivia Morales Reza, resaltó que, desde el gobierno de Sheinbaum Pardo, “se tiene el compromiso claro con los pueblos y comunidades afromexicanas”.
Añadió que este Plan de Justicia y Desarrollo Regional “se trata de una deuda histórica. Y no de un proceso que pretende imponer. Se trata de escuchar, reconocer y construir de manera colectiva, desde las voces y saberes”. Externó, al mismo tiempo que afirmó que “ninguna política pública será legítima si no se hace desde el territorio, con respeto y dignidad”.
Por su parte, Sergio Peñaloza, representante del Pueblo Afromexicano, aseveró que una de las demandas del movimiento era el reconocimiento constitucional. Lo cual “ya se logró en la Constitución Federal en el Artículo 2°. Y en constituciones locales en varias entidades federativas. Esto constituye el mecanismo jurídico para que puedan ejercer de manera eficaz el derecho de libre determinación y autonomía reconocida en el derecho nacional e internacional”, dijo.
Durante la asamblea, instalaron siete mesas de trabajo con los ejes temáticos definidos por las autoridades:
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En general, los participantes acordaron “fortalecer la coordinación y comunicación entre las distintas dependencias del Gobierno Federal Estatal, Municipal y autoridades municipales afromexicanas para asegurar el éxito de este Plan de Justicia”.
