Mario Marín
A Mario Marín Torres, quien estuvo al frente del gobierno de Puebla entre 2005 y 2011, le retiraron el beneficio de prisión domiciliaria. Por lo que, desde el pasado miércoles 2 de marzo, lo reintegraron al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
La decisión judicial responde a su presunta participación en el delito de tortura en contra la periodista y activista Lydia María Cacho Ribeiro. Delito por el que las autoridades mexicanas arrestaron, en febrero de 2021, al exfuncionario, mientras se encontraba en Acapulco, Guerrero.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, anulara la medida cautelar que, desde agosto de 2024, permitía a Mario Marín Torres, de 70 años, cumplir su proceso judicial desde su domicilio, utilizando un brazalete electrónico. Los magistrados determinaron que la resolución inicial “careció de fundamentación adecuada” al ignorar el riesgo de fuga y la gravedad de los hechos: la tortura de Cacho en 2005, vinculada a su investigación sobre redes de explotación infantil.
Agentes de la Guardia Nacional ejecutaron la orden, trasladando al exmandatario al Altiplano, penal que albergó a narcotraficantes de la talla de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEMDH) argumentó que la prisión domiciliaria era “ilegítima” en un caso que involucra “el uso de instituciones del Estado para reprimir la libertad de expresión”.
El 16 de diciembre de 2005, a Lydia Cacho la secuestraron en Cancún. Presuntamente, los autores del hecho eran policías “sin orden judicial”. Tras lo anterior, la trasladaron a Puebla a bordo de un vehículo que pertenecía al empresario José Kamel Nacif, cercano a Marín.
Durante el viaje, la periodista sufrió torturas físicas y psicológicas, incluyendo tocamientos y amenazas de muerte. La agresión ocurrió meses después de que Lydia Cacho publicó el libro titulado Los demonios del Edén, a través del cual expuso la red de pornografía infantil vinculada a Kamel Nacif y al entonces gobernador de Puebla, Mario Marín.
En 2006 se filtró un audio de una conversación entre Marín y Nacif, donde el empresario agradecía al político por darle un “coscorrón” a Cacho. A pesar de ello, el caso no quedó exento de los obstáculos judiciales: en julio de 2025, un tribunal exoneró a Nacif, decisión criticada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras organizaciones, como Artículo 19, argumentado que dicha decisión estuvo “sesgada” y promovía la impunidad.
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El Ministerio Público Federal subrayó que el caso trasciende por ser un ataque “contra una periodista en ejercicio” y un ejemplo de “criminalización de la prensa”. La ONU exigió a México investigar exhaustivamente las agresiones a Cacho, recordando que la impunidad en este caso “favorece la repetición de crímenes contra mujeres periodistas”.
Tras el retiro de la prisión domiciliaria, diversas organizaciones civiles celebraron el reingreso de Marín al Altiplano, y aseveran que la lucha legal, aún continúa.
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