Claudia Sheinbaum
Estados Unidos
FGR
Rubén Rocha Moya
En la conferencia matutina de este jueves 30 de abril, en Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció sobre la reciente petición de detención provisional con fines de extradición, por parte del gobierno de Estados Unidos, contra 10 funcionarios mexicanos, entre los que destaca el nombre de Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa.
La mandataria indicó que el 28 de abril la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió 10 documentos solicitando la detención provisional, con fines de extradición, para 10 ciudadanos mexicanos. Y añadió que, el pasado miércoles 29 de abril, la SRE, de acuerdo con el marco normativo vigente, turnó la información recibida a la Fiscalía General de la República (FGR) para evaluar las solicitudes de acuerdo con la legislación mexicana.
Añadió que ese mismo día, 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América para el Distrito Sur de Nueva York, hizo público el levantamiento de cargos contra 10 ciudadanos mexicanos. Entre los que se está el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázares; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; entre otros.
Sheinbaum Pardo añadió que, anexo a dicha acusación, el Gobierno de EE. UU. publicó un documento denominado en español “Acusación de Reemplazo Bajo Reserva”.
“Esto llevó a un extrañamiento del jurídico de Relaciones Exteriores, dado que estos procesos son confidenciales acorde con los Tratados en la materia”, dijo Sheinbaum.
El 29 de abril, la FGR emitió un comunicado, donde establecieron que, con fundamento en la Constitución Política de México, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes aplicadas en la materia, “es obligación de la Fiscalía, a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, analizar la documentación recibida con la finalidad de establecer, con toda exactitud, si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin y, en su caso, sobre la viabilidad de la solicitud”, dijeron.
Añadieron que, paralelamente, la FGR indicó que iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la eventualidad de que la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión.
Además, refirió que la FGR estableció que la legislación de México precisa claramente que, para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión, se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona cometió un delito.
“Desde que asumí la Presidencia de México, juré hacer respetar la Constitución y las leyes. Asimismo, asumí el firme compromiso de velar por el bienestar del pueblo y la defensa de la soberanía nacional. México es un país grandioso, con un pueblo generoso y trabajador. México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación y menos de entreguismo”. Resaltó la jefa del Ejecutivo federal.
Añadió que, su postura ante estos hechos, como presidenta de México, es: verdad, justicia y defensa de la soberanía.
“Es decir, si la FGR, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción”, señaló, al mismo tiempo que reiteró que “nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”.
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No obstante, indicó, “si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”. Por lo que remarcó que debe quedar “sumamente caro que”, bajo ningún motivo se permitirá la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México. “Verdad, justicia y defensa de la soberanía. Esta es nuestra posición”, puntualizó Sheinbaum Pardo.
