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Pío López
El Instituto Nacional Electoral (INE) exoneró este jueves al partido gobernante Morena y a Pío López Obrador, hermano del expresidente López Obrador, de cargos relacionados con un presunto financiamiento ilícito durante la campaña electoral de 2018. Argumentaron que no se hallaron evidencias suficientes para demostrar que efectivo recibido (en sobres amarillos) de un exfuncionario estatal, se usó con fines electorales.
La decisión, tomada por unanimidad por el Consejo General del INE, cierra un prolongado caso que avivó las acusaciones de corrupción y opacidad contra el círculo cercano del expresidente López Obrador. Y que se convirtió en un símbolo de las tensiones entre el gobierno y los organismos autónomos de México.
“Esta autoridad determina que, al no tener certeza de la existencia respecto de las aportaciones en efectivo, no se acredita un posible financiamiento paralelo en beneficio de las personas denunciadas”, declaró el Consejo General del INE.
El caso se remonta a 2020, cuando el periodista mexicano, Carlos Loret de Mola, divulgó en su programa de noticias una serie de videos grabados en 2015. En el metraje, se observa al hermano del expresidente (AMLO), Pío López Obrador, recibiendo fajos de billetes en un restaurante de David León Romero, quien, en ese momento, fungía como titular de Protección Civil en Chiapas, estado entonces gobernado por Manuel Velasco del Partido Verde.
Las grabaciones, que desataron un escándalo nacional, parecían capturar momentáneos intercambios de dinero en efectivo dentro de sobres. De acuerdo con las indagatorias periodísticas, los fondos, que presuntamente sumarían alrededor de 1.4 millones de pesos, se destinarían para apoyar las actividades del entonces emergente movimiento político de López Obrador, Morena.
A pesar de la naturaleza visualmente explosiva de la evidencia, la Unidad de Fiscalización del INE enfrentó obstáculos significativos durante su investigación. La consejera electoral, Carla Humphrey, explicó que se realizaron diversas solicitudes de información a otras instituciones. Esto incluyó revisiones contables, fiscales, bancarias y peritajes técnicos sobre el material audiovisual. No obstante, ninguna logró proporcionar un rastro financiero que vinculara concluyentemente el efectivo con las campañas de Morena.
“No hay rastro bancario, no hay rastro contable, no hay comprobación fiscal que permita transformar ese indicio en certeza sobre el origen, monto, destino y carácter partidista del efectivo observado “, señaló Humphrey.
El caso también se vio entorpecido por la falta de cooperación de los principales implicados. Durante años, el INE intentó sin éxito que tanto Pío López Obrador como David León Romero comparecieran ante la autoridad electoral para declarar sobre el caso, pero ambos rechazaron repetidamente las citaciones.
La resolución del INE contrasta marcadamente con declaraciones previas de las propias figuras centrales. El expresidente López Obrador admitió en el pasado que los fondos eran “aportaciones al movimiento”, justificando que se destinaron a gastos logísticos como combustibles, servicios de sonido y la organización de actos políticos. Asimismo, David León, quien grabó los videos, reconoció en una declaración que el dinero financiaba asambleas y actividades vinculadas al movimiento morenista.
La absolución se recibió con escepticismo por parte de la oposición política. Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) calificaron la decisión como “corrupción a la vista de todos”, recordando que el propio expresidente había admitido la recepción de fondos. Este caso se enmarca en un patrón más amplio de señalamientos de corrupción contra familiares y colaboradores cercanos de López Obrador, que su gobierno prometió erradicar.
En contraste, Guillermo Santiago Rodríguez, representante de Morena ante el INE, defendió la resolución y calificó el caso como un “escándalo de ocho columnas” sin sustento legal.
El fallo no pone fin a todas las ramificaciones del caso. Pío López Obrador demandó por difamación a Carlos Loret de Mola, exigiéndole una reparación del daño por 200 millones de pesos. Un proceso judicial que generó nueva polémica cuando el hermano del expresidente se presentó a una audiencia a bordo de una camioneta de lujo.
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Al ser cuestionado en su momento sobre esa demanda, el entonces presidente López Obrador acusó al periodista de estar “completamente corrompido”. Y de ser “amigo de los jueces” del Poder Judicial y de García Luna.
