Carlos Manzo
Michoacán
A cinco días del asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán presentó nuevos avances del caso. A través de una conferencia, el fiscal, Carlos Torres Piña, confirmo que el autor material del asesinato del edil quedó identificado como Victor Manuel Ubaldo Vidales. Torres Piña agregó que el presunto asesino de Manzo Rodríguez tenía 17 años y era originario de Paracho, Michoacán.
Las autoridades describieron al presunto adolescente sicario, quien también murió en el lugar de los hechos, como un joven adicto a las metanfetaminas, quien, días antes, abandonó su hogar. Y cuyos movimientos previos al ataque sugieren la mano de un grupo criminal organizado, más precisamente, al Cártel de Jalisco Nueva Generación.
“El joven abatido en el lugar de los hechos tenía 17 años y era originario del municipio de Paracho. Su cuerpo fue identificado y reclamado por familiares durante la tarde de ayer, quienes informaron que el responsable se había ausentado de su hogar una semana antes del atentado”. Resaltó el fiscal.
La revelación por parte Torres Piña, surge de una investigación conjunta entre las fiscalías estatal y federal. Y arroja una luz cruda sobre los métodos de reclutamiento y operación de los cárteles que siembran el terror en la región. El homicidio de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, es el último de una larga lista de ataques contra funcionarios locales en México, un fenómeno que refleja la guerra de los grupos narcocriminales por el control territorial.|
De acuerdo con el fiscal, a través de pruebas forenses determinaron, de manera concluyente, los vínculos del joven sicario con el crimen organizado. La aplicación de la prueba de rodizonato de sodio en sus manos resultó positiva, indicio balístico de que había disparado un arma de fuego recientemente.
“Su identificación representa un avance significativo en las investigaciones que permitirán esclarecer el contexto y determinar la participación de otras personas en este crimen”, declaró el fiscal.
No obstante, el perfil del sospechoso apunta a una estrategia criminal más amplia y perturbadora. El joven, originario del municipio cercano de Paracho, había desaparecido de su hogar aproximadamente una semana antes del atentado, según relataron sus propios familiares a las autoridades. Este detalle coincide con los patrones de reclutamiento forzado o cooptación de jóvenes vulnerables que utilizan habitualmente las organizaciones delictivas.
Además, los dictámenes periciales y el testimonio de la familia del sicario confirmaron su adicción a las metanfetaminas, droga de bajo costo y alto poder adictivo que, comúnmente, usan los cárteles para mantener a sus sicarios en un estado de alerta y violencia constante, reduciendo sus inhibiciones.
“Las labores de investigación e inteligencia permitieron establecer que en estos hechos participaron más de dos personas. Y que el homicidio está vinculado con actividades de la delincuencia organizada”, señaló Torres Piña, dejando claro que se busca a los cómplices y, crucialmente, a los autores intelectuales del crimen.
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El fiscal reiteró que las investigaciones continúan de manera coordinada y que se informará a la ciudadanía con “estricto apego al debido proceso”. No obstante, el caso subraya los enormes desafíos que enfrenta México: una red criminal que opera con impunidad, capaz de reclutar a menores y de atacar el corazón de su democracia local. Mientras, las autoridades se ven forzadas a una compleja labor de reacción e inteligencia para desentrañar una madeja de violencia que, como en este caso, comienza con un joven de 17 años y se extiende hasta las sombras del crimen organizado.
