CDMX
Fiscalía
En el cruce del Periférico Oriente y el Eje 6 Sur, un punto neurálgico y a la vez olvidado de la transitada Iztapalapa, las marcas de neumáticos y los fragmentos de una motocicleta son los únicos testigos mudos de lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ya cataloga como una investigación por homicidio culposo. La víctima: un motociclista de 52 años, identificado como Roberto Hernández, cuyo viaje en moto terminó de manera abrupta y mortal la noche del 3 de enero, en Iztapalapa.
No obstante, el núcleo de este caso no reside sólo en el impacto; sino en lo ocurrido después. El desarrollo de la investigación, detallado en un comunicado oficial de la fiscalía capitalina, expone con claridad forense las grietas de un sistema donde la impunidad en siniestros viales es una amenaza constante. El vehículo responsable, cuyas placas y propietaria están identificados, se localizó poco después, no en un corralón oficial de la capital, sino abandonado, sin placas, en las calles del municipio mexiquense de Nezahualcóyotl.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, tras el incidente en Iztapalapa, el cuerpo del motociclista se localizó sobre la calle Francisco Múgica, esquina con Félix Palavicini, en la colonia Constitución de 1917. Ello a más de dos kilómetros del sitio en el que se registró el percance vial.
Este simple hecho geográfico transforma una investigación aparentemente directa en un laberinto jurisdiccional. La FGJCDMX, que inició el proceso “sin necesidad de una denuncia presentada por un particular”, ahora debe coordinarse con su homóloga del Estado de México para el aseguramiento del vehículo y las pruebas periciales. Cada minuto de esta coordinación interinstitucional es tiempo valioso que se le resta a la evidencia y a la posibilidad de identificar al conductor real.
Poco tiempo después del incidente, se identificó a la dueña del vehículo involucrado en el incidente; pero la presunción de que era quien manejaba, es un asunto que deben probar las autoridades. El abandono del vehículo en otra entidad federativa sugiere una huida deliberada y plantea inmediatamente las preguntas críticas: ¿quién conducía? ¿Tenía licencia? ¿Había consumido alcohol o alguna otra sustancia?
El comunicado de la Fiscalía señala que la Policía de Investigación (PDI) analiza videograbaciones y busca testigos. Pero en un cruce de alta velocidad y probablemente con iluminación deficiente, la evidencia audiovisual puede ser escasa o de baja calidad. La carga probatoria recae entonces en la pericia técnica: el análisis del vehículo abandonado en busca de daños forenses coincidentes, fibras, ADN, o datos de los sistemas electrónicos.
“De acuerdo con las primeras diligencias, después de las 22:00 horas, un hombre de 52 años, quien ya fue reconocido por un familiar directo, circulaba a bordo de una motocicleta, cuando fue impactado por un vehículo en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur. Lo que ocasionó su fallecimiento. El hecho fue reportado a esta institución por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por lo que la FGJCDMX inició de inmediato la investigación, sin necesidad de una denuncia presentada por un particular”. Informó la Fiscalía de la CDMX.
Mientras las diligencias avanzan, la familia de la víctima espera. Su dolor se suma a una estadística sombría: según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2023 los accidentes de tránsito en zonas urbanas y suburbanas dejaron miles de fallecidos en el país, y una porción significativa involucró a motociclistas, usuarios particularmente vulnerables.
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Este caso en Iztapalapa es un microcosmos de la crisis vial mexicana: la violencia del impacto, la opacidad inicial, la descoordinación potencial entre entidades y la búsqueda, a menudo quimérica, de un responsable claro detrás del volante. La FGJCDMX promete informar “conforme existan avances que legalmente puedan darse a conocer”. Para la familia del motociclista y para una sociedad harta de la siniestralidad, el avance decisivo será cruzar la frontera entre el “vehículo identificado” y la “persona detenida”. Ese trayecto, en la justicia mexicana, suele ser el más largo y accidentado.
