Crimen Organizado
Jalisco
El fiscal estatal de Jalisco, Salvador González de los Santos, supervisa personalmente la reapertura de una investigación en el Rancho Izaguirre, un predio ubicado a 57.9 kilómetros de Guadalajara, donde se hallaron nuevos restos óseos y evidencias que podrían estar vinculadas a desapariciones forzadas, actividades del crimen organizado y crematorios clandestinos. El caso, que se destapó en septiembre de 2024, resurgió tras el hallazgo de más fragmentos humanos y prendas personales, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la exhaustividad de las pesquisas iniciales.
El rancho, asegurado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco en 2024 tras un operativo en el que se detuvo a 10 personas y se liberó a dos, ya había sido escenario de un macabro descubrimiento: restos óseos calcinados y ocultos bajo una losa de ladrillo y una capa de tierra. No obstante, tras una reciente inspección llevada a cabo por un colectivo de la sociedad civil, se reveló que aún quedan evidencias sin procesar en estos presuntos crematorios clandestinos. Lo cual llevó a la fiscalía jalisciense a revisar si hubo omisiones en la investigación original.
Desde el pasado 5 de marzo de 2025, un equipo multidisciplinario trabajó en el lugar para documentar y recolectar nuevos indicios. Hasta el momento, se registraron cinco lotes de restos óseos fragmentados, más de 400 prendas de vestir, calzado y mochilas. Así como casi un centenar de casquillos de bala de diversos calibres, cargadores y otros objetos personales, como libros y una libreta.
“Estamos aplicando protocolos de investigación exhaustivos y utilizando tecnología de punta para garantizar que no se pase por alto ningún detalle”, aseguró González de los Santos. “El compromiso es brindar certeza a las familias que buscan a sus seres queridos”, agregó.
El fiscal también ordenó una investigación interna para determinar si existieron negligencias por parte de los funcionarios que intervinieron el rancho en 2024. De comprobarse omisiones, se aplicarán sanciones conforme a la ley.
Uno de los aspectos más alarmantes del caso es la modalidad utilizada por el grupo criminal que operaba en el rancho. Además de calcinar los restos de sus víctimas, los enterraban bajo una losa de ladrillo y una capa de tierra, una táctica no documentada anteriormente en la región. Este hallazgo complicó las labores de identificación, ya que los restos están altamente fragmentados y requieren análisis forenses avanzados.
Estas prácticas reflejan la crueldad y sofisticación de los grupos del crimen organizado en México, pues con ello, los criminales no sólo pretenden eliminar evidencias, sino que también desalentar cualquier intento de investigación.
La reapertura del caso generó esperanza entre las familias de personas desaparecidas en Jalisco, un estado que es epicentro de la violencia relacionada con el narcotráfico. No obstante, las autoridades advirtieron que la presencia de prendas personales en el rancho “no necesariamente indica que sus dueños hayan fallecido”, ya que durante el operativo de 2024 varias personas lograron huir del lugar.
“Cada prenda, cada objeto, es una pista que nos acerca a la verdad”, indicó María López, integrante de un colectivo de búsqueda. “Pero también es un recordatorio de lo mucho que falta por hacer para combatir la impunidad”, añadió.
La Fiscalía de Jalisco aseveró que continuará trabajando en coordinación con autoridades municipales, federales y de otros estados para procesar los indicios y avanzar en la identificación de las víctimas. Así como también se comprometieron para mantener informada a la sociedad a través de canales oficiales, garantizando transparencia en un caso que ha captado la atención nacional.
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Mientras los trabajos periciales avanzan, las preguntas sobre lo ocurrido en el Rancho Izaguirre siguen sin respuesta. ¿Cuántas víctimas hay? ¿Quiénes eran? Y, sobre todo, ¿quiénes son los responsables? Lo que está claro es que este caso no solo expone la brutalidad del crimen organizado en México, sino también los desafíos que enfrentan las autoridades para combatirlo.
