CDMX
FGR
Genaro García Luna
SSPC
En una audiencia celebrada bajo estrictas medidas de seguridad, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante un juez de control a Antonio Molina Díaz, otrora funcionario público del sistema federal de Prevención y Readaptación Social. A él se le acusa de formar parte de una estructura de delincuencia organizada y de desviar recursos públicos (más de cinco mil millones de pesos) mediante contratos amañados.
El caso, que salpica los mecanismos de supervisión dentro de las prisiones federales, marca un nuevo capítulo en los esfuerzos del gobierno por desmantelar las redes que, desde dentro del Estado, facilitarían operaciones del crimen organizado.
La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) logró que el juez impusiera al imputado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Además, se dio un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
La aprehensión de Antonio Molina Díaz se produjo hace unos días en las inmediaciones de la alcaldía Miguel Hidalgo, una de las zonas con mayor concentración de corporativos y vivienda de alto poder adquisitivo en la Ciudad de México. Agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ejecutaron la orden de captura sin que se reportaran incidentes.
De acuerdo con los últimos reportes, el exfuncionario presuntamente usó su posición dentro del área de readaptación social para suscribir contratos con empresas vinculadas a servicios de alimentación, mantenimiento y tecnología, en condiciones que habrían permitido el desvío de fondos públicos. La investigación preliminar apunta a que parte de esos recursos terminaron financiando actividades logísticas de grupos delictivos con presencia dentro de los penales federales, aunque la fiscalía no precisó los nombres de las organizaciones involucradas.
En un comunicado institucional, la FGR subrayó que al detenido se le leyeron sus derechos de ley, en cumplimiento del debido proceso. Molina Díaz se presume inocente hasta que una sentencia firme determine lo contrario, tal como lo establece el artículo 20 de la Constitución mexicana y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado.
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La vinculación a proceso de Molina Díaz podría sentar un precedente si la fiscalía logra acreditar no sólo el desvío, sino el vínculo directo con actividades de delincuencia organizada. Hasta ahora, la mayoría de las condenas por peculado en el ámbito penitenciario no lograron probar la conexión criminal, lo que limita el impacto de las sentencias.
