Caen 6 en Morelos y Querétaro por delincuencia organizada

Omar García Harfuch anunció la captura de seis implicados —incluidos tres funcionarios del ayuntamiento de Cuautla— y la búsqueda del alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián.

En un operativo que abarcó dos estados del centro de México (Morelos y Querétaro), las fuerzas federales detuvieron a seis personas —entre ellas funcionarios municipales en activo, exservidores públicos y un empresario—. A ellos se les acusa de pertenecer a una red de extorsión vinculada al Cártel del Sinaloa, según anunciaron el lunes altos mandos de seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó en conferencia de prensa, que los arrestos se produjeron en los estados de Morelos y Querétaro, como parte de una serie de órdenes de aprehensión derivadas de investigaciones coordinadas entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y su propia dependencia.

Entre los detenidos figuran Agustín Toledano Amaro, actual presidente municipal de Atlatlahucan. Así como también Irving Sánchez Zavala, expresidente municipal de Yecapixtla; Horacio Zavaleta Malacara, secretario municipal de Cuautla; Jonathan Espinoza Salinas, tesorero del mismo ayuntamiento; Pablo Adrián Portillo Galicia, identificado como empresario; y Arisbel Rubí Vázquez Amaro, excandidata a una alcaldía. Las autoridades mantienen activa la búsqueda de Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla, contra quien también pesa un mandamiento judicial, informó García Harfuch.

Extorsión sistémica en el oriente de Morelos

El núcleo de la investigación se centra en la región oriente de Morelos, particularmente en el municipio de Cuautla, donde grupos criminales impusieron un sistema de cobro de cuotas a comerciantes, transportistas y familias mediante amenazas y presiones. Este tipo de extorsión, conocida localmente como “derecho de piso”, se convirtió en una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado en México, desplazando en algunos territorios el modelo tradicional del narcotráfico.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Morelos registró más de mil 200 denuncias por extorsión entre enero y septiembre de 2024. Lo que representa un incremento del 23 por ciento respecto al mismo período del año anterior.

Inteligencia financiera y bloqueo patrimonial

García Harfuch subrayó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluirá en su Lista de Personas Bloqueadas a 32 sujetos: 22 personas físicas y 10 personas morales relacionadas con esta red de corrupción en Morelos. Entre ellos están presidentes municipales, funcionarios del Ayuntamiento de Cuautla, y actores económicos y políticos presuntamente ligados a un operador regional del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con la versión oficial, estos individuos brindaron facilidades logísticas y de protección a la red criminal a cambio de beneficios económicos o garantías de impunidad.

La medida, prevista en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, permite a la UIF bloquear cuentas y activos sin necesidad de una sentencia previa. Lo cual generó debates entre juristas sobre el debido proceso; pero se convirtió en una herramienta recurrente del gobierno mexicano para atacar las finanzas del crimen organizado.

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El operativo se inscribe en la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la presidenta Sheinbaum, quien, desde su llegada al poder en octubre de 2024 enfatizó una política de “cero impunidad” y combate a la corrupción. A mediados de abril, según explicó el secretario García Harfuch, se reforzó el despliegue federal en Morelos, incrementando el estado de fuerza y las capacidades de inteligencia.