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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó este jueves a 55 sujetos —39 personas físicas y 16 personas morales— presuntamente vinculados a la estructura financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Lo anterior en una acción calificada como la mayor jamás realizada contra esta organización criminal desde su designación como grupo terrorista extranjero en febrero de 2025.
Entre los sancionados están Juan Carlos González, alias “El Pelón” o “El 03”, quien, presuntamente, es el nuevo líder del cártel tras la muerte de su padrastro, Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, durante una operación del gobierno mexicano en febrero de 2026. González, que posee doble nacionalidad mexicana y estadounidense, enfrenta cargos federales por narcotráfico en el Distrito de Columbia y el Departamento de Estado ofrece hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a su captura.
La acción, que se enmarca en la orden ejecutiva 14059 —dirigida contra el tráfico ilícito de drogas— y la 13224 —contra el terrorismo—, congeló los activos en territorio estadounidense de los señalados. Y les prohíbe realizar transacciones con ciudadanos o compañías bajo jurisdicción norteamericana.
En paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, e incorporó a los señalados en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), sumando a ocho sujetos adicionales —cuatro personas físicas y cuatro personas morales— vinculados a la misma estructura.
El análisis financiero, fiscal y corporativo realizado por la UIF identificó múltiples indicadores de lavado de dinero: operaciones relevantes en efectivo, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas de crédito y de servicio. Así como operaciones mediante activos virtuales. Las autoridades también detectaron posibles inconsistencias entre los ingresos reportados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y los recursos que circulaban por el sistema financiero.
Las personas morales señaladas presentan características de empresas fachada, con estructuras corporativas de limitada o nula actividad económica aparente. Aunque algunas registraron operaciones financieras relevantes.
La investigación de OFAC revela la sofisticación del entramado financiero del CJNG, que opera a través de empresas aparentemente legítimas en sectores como gasolineras, inmobiliarias, constructoras, productoras agrícolas, tequileras y hasta una empresa de calzado infantil.
La red de Audias Flores Silva, alias “Jardinero”, uno de los principales operadores del cártel detenido en abril de 2026, sigue operando a través de un vasto entramado de subordinados, familiares cómplices y jefes de plaza en los estados de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Zacatecas. Entre las empresas vinculadas a su red se encuentran Petrocoda S.A. de C.V. —una gasolinera—, El Almacén Licorería —una tienda de bebidas— y Stella Servicios Comerciales y Empresariales S.A. de C.V. —una empresa mayorista de ropa—.
También fue sancionada la red de Gerardo Botello Rozalez, alias “El Cachas”, miembro de alto rango del CJNG que operaba desde su encarcelamiento en 2018 un conglomerado de empresas junto a sus sobrinos, incluyendo Bubux Baby Shoes S.A. de C.V. —un negocio de calzado infantil— y la productora agrícola Green Agropacific S.P.R. de R.L. de C.V. El primo de Botello, Miguel Ángel Ayala Botello, quien fungía como director de Seguridad Pública de Tepalcatepec, Michoacán, tenía un rol directivo en Bubux. Mientras que los sobrinos de Botello se desempeñaban como policías municipales en el mismo municipio bajo su supervisión.
Desde la designación del CJNG como Organización Terrorista Extranjera en febrero de 2025, el gobierno estadounidense intensificó su estrategia de presión financiera contra la organización criminal responsable de una proporción significativa del fentanilo, cocaína y metanfetamina que ingresan a Estados Unidos. Desde abril de 2015, la OFAC designó a más de 250 personas y entidades vinculadas al CJNG, incluyendo altos mandos, familiares cómplices, testaferros, abogados, contadores y funcionarios corruptos.
El enfoque basado en redes que utiliza OFAC busca desarticular simultáneamente múltiples facetas del cártel: desde su liderazgo y nodos organizativos clave, hasta facilitadores, corruptos y testaferros. Las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero. Y así debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada, en apego a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
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La medida representa el episodio más reciente de una ofensiva que busca cortar las fuentes de financiamiento que sostienen al CJNG, limitando su capacidad de operación en México y su expansión internacional. Ello en un contexto marcado por la creciente presión de la Casa Blanca sobre los cárteles mexicanos.
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