FGR
Jalisco
La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo recientemente un operativo en el municipio de Tonaya, en el sur de Jalisco, donde se localizó una instalación presuntamente dedicada a la producción, almacenamiento y comercialización de bebidas alcohólicas falsificadas. El eje del caso no es el líquido en sí, sino la presunta reproducción no autorizada de la forma esférica de una botella protegida legalmente como marca tridimensional.
La fiscalía informó que, durante la diligencia, ejecutaron cuatro órdenes de cateo, aseguraron cuatro inmuebles y la infraestructura presuntamente utilizada para la producción de las bebidas alcohólicas falsificadas. Además, subrayaron que este operativo dejó tres personas detenidas. El conteo preliminar arrojó más de 32 mil envases esféricos, entre producto terminado, mercancía en proceso e insumos, con un valor legítimo estimado superior al millón de pesos.
La investigación se centró en el diseño de un envase esférico registrado en el sistema de propiedad industrial mexicano como “marca tridimensional”, figura que no protege las palabras, etiquetas o colores del recipiente, sino su contorno tridimensional distintivo. De acuerdo con la FGR, este tipo de protección busca tutelar el diseño original y la innovación empresarial, permitiendo a las empresas construir identidad de marca a partir de la configuración de sus productos.
El operativo estuvo a cargo de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Competencial, con apoyo del Gabinete de Seguridad del Gobierno federal. Los inmuebles asegurados estarían vinculados con dos empresas. Adicional a los envases y la maquinaria de llenado y sellado, incautaron documentos, equipos electrónicos y numerario.
En materia legal, el caso se investiga conforme al artículo 402, fracción II, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que tipifica como delito “producir, almacenar, distribuir o vender, con fines de especulación comercial, objetos que ostenten falsificación de marcas”. De acuerdo con el artículo 403 de la misma ley, el delito puede castigarse con penas de tres a diez años de prisión y multa. Sin embargo, este tipo de ilícitos suele requerir querella del titular de la marca afectada para iniciar la persecución penal, y la Fiscalía debe contar con el dictamen técnico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) antes de consignar el caso.
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Los tres detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica. La Fiscalía subrayó que, mientras no se dicte sentencia condenatoria por autoridad judicial competente, todos los detenidos deben presumirse inocentes. La investigación continúa para determinar el origen de los bienes, el alcance real de las actividades en los inmuebles y las responsabilidades que correspondan.
