Feminicidio
El pleno del Senado de México aprobó por unanimidad —109 votos a favor, cero en contra— una reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión para emitir una ley general en materia de feminicidio. La decisión modifica el artículo 73 de la Constitución y busca homogeneizar la tipificación, investigación y sanción de un delito que, hasta ahora, se castigaba con criterios dispares en los 32 estados del país.
La reforma, impulsada originalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum, “no tiene impacto presupuestario adicional para el presente ejercicio fiscal ni en subsecuentes”. Su propósito central es dotar al Estado mexicano de herramientas jurídicas uniformes para prevenir, perseguir y erradicar la violencia feminicida. Así como garantizar a las víctimas —y a sus familias— una vida libre de violencias. El dictamen subraya que la actual fragmentación legislativa permitió que conductas idénticas reciban tratos penales distintos según la entidad federativa.
Entre los alcances de la futura ley general, los senadores destacaron la necesidad de establecer estándares obligatorios de investigación con perspectiva de género, agravantes comunes, mecanismos de coordinación entre fiscalías y cuerpos de seguridad. Y una protección específica para niños y adolescentes que queden en orfandad a causa de estos crímenes. Estos últimos, señala el texto aprobado, sufren daños emocionales, sociales y económicos que comprometen su desarrollo integral. Por ello, el Estado deberá garantizarles acompañamiento psicológico, acceso a salud, educación y reparación del daño.
Durante el debate, el senador Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, calificó la votación como un acto de “trascendencia histórica y humanitaria”. “No se trata sólo de leyes”, dijo, “sino de mujeres, niñas, madres, hijas, de familias que viven con una silla vacía y de un Estado que ya no puede fallar”. Cantón Zetina recordó que nueve de cada diez feminicidios en México son cometidos por parejas, exparejas, familiares o conocidos de las víctimas. Lo cual evidencia una deuda cargada de omisiones e impunidad.
En la misma línea, el senador Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, subrayó que la reforma no es un cambio menor, sino “una decisión de Estado”. Según Inzunza, el diseño actual del combate al feminicidio impide una actuación uniforme y coordinada. “La impunidad no sólo genera dolor a las mujeres privadas de la vida por el hecho de ser mujeres”, afirmó, “y por eso se requiere una acción pública ordenada, firme y con visión de largo plazo”.
La senadora Martha Lucía Micher Camarena, de Morena, fue tajante: “El feminicidio no admite demoras”. A su juicio, el Estado debe articular una respuesta integral y sin vacíos frente a lo que calificó como una grave violación a los derechos humanos. Por el PAN, Verónica Rodríguez Hernández justificó su voto a favor como un acto de protección hacia las mujeres mexicanas. “La justicia no se proclama, se construye y se cumple”, dijo. Y recordó que cuando el Estado discute el feminicidio no está ante una disputa ordinaria de técnica legislativa, sino ante una de las expresiones más crueles de la violencia de género.
Desde el PVEM, Virginia Magaña Fonseca sostuvo que la votación no era una reforma cualquiera: “Votamos con la memoria de aquellas niñas y mujeres que ya no están. Y con la responsabilidad de que no haya ni una más”. Añadió que la propuesta no surge del vacío, sino como respuesta a los movimientos feministas y a exigencias concretas. En tanto, la priista Paloma Sánchez Ramos reconoció que el Congreso acumuló durante años una deuda con las mujeres. Y calificó la reforma como un paso urgente para obligar al Estado a actuar antes de que se consuma un asesinato.
Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT, subrayó que la futura ley debe establecer reglas claras, homólogas y obligatorias en todo el territorio nacional. “Ninguna muerte violenta de una mujer volverá a ser interpretada desde el prejuicio”, afirmó. “Y toda investigación se hará con perspectiva de género para eliminar los vacíos legales que hoy permiten la impunidad”, agregó. Por Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales Magdaleno consideró el dictamen como un paso positivo, aunque advirtió que se requieren acciones más profundas. “Este problema no se va a resolver simplemente con este proyecto”, señaló.
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Una reserva presentada por la senadora del PRI Mely Romero Celis no fue admitida a discusión. El dictamen se turnó a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo. Si se aprueba en sus términos, México contará por primera vez con una ley general que unifique criterios penales y procesales en todos los estados para enfrentar el feminicidio —una asignatura pendiente en un país donde, en promedio, son asesinadas más de diez mujeres al día, según cifras oficiales.
