Chihuahua
FGR
Rubén Rocha Moya
Sinaloa
Recientemente, el fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara López, informó sobre los avances sobre un par de investigaciones que llevan a cabo. Una, por supuesto, se trata de las 10 personas señaladas por Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Entre ellos, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador morenista, Enrique Inzunza.
De acuerdo con la fiscalía, cinco de los diez servidores públicos sinaloenses ya comparecieron. El resto sigue siendo sujeto de investigación, en un proceso que busca determinar si sus actos constituyen algún delito. Las autoridades aclararon que ninguna de estas personas (incluyendo a Rocha Moya) tiene una ficha roja activa en Interpol. Tal como lo aclaró en fechas recientes el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.
“La información obtenida hasta el momento servirá para atender las líneas de investigación que se siguen y se llevarán a cabo todas las actuaciones necesarias para alcanzar la verdad y la justicia en este caso”, señaló la FGR en su comunicado.
En un segundo frente, la FGR informó sobre el desmantelamiento de un laboratorio clandestino para la producción de drogas sintéticas en el municipio de Morelos, Chihuahua. Durante las diligencias, las autoridades mexicanas detectaron la presencia de agentes extranjeros en el lugar. Lo que activó una investigación paralela sobre su posible participación en tareas de seguridad dentro del territorio nacional.
Como parte de esas indagatorias, la FGR citó al exfiscal general del estado, César Jáuregui, y a la gobernadora constitucional de Chihuahua, Maru Campos. Ello con el único propósito de obtener su testimonio. No obstante, de acuerdo con el informe de Lara López, la gobernadora de Chihuahua se limitó a entregar un escrito en el que manifiesta su indisposición para aportar información.
La Fiscalía reconoció que la gobernadora goza de inmunidad procesal, una figura jurídica que impide procesar penalmente a ciertos servidores públicos en funciones. No obstante, subrayó que dicha inmunidad “no impide que la persona servidora pública aporte información para el esclarecimiento de los hechos que se investigan”.
La dependencia confirmó que ya se completó el proceso de desmantelamiento del laboratorio clandestino. El cual incluyó el embalaje y traslado de las sustancias aseguradas para su posterior destrucción.
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“Continuaremos informando de manera oportuna los avances sobre estas y otras indagatorias en la medida en que sea procedente, con transparencia, apertura y legalidad”, concluyó el vocero de la FGR en su mensaje. Y cerró con una frase recurrente en el discurso oficial: “Al margen de la Ley, nada; por encima de la Ley, nadie”.
