Enrique Inzunza
Senado
El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázares, informó a través de redes sociales que solicitó una licencia para separarse de su escaño en la Cámara Alta. Una maniobra que le permite eludir el debate de las reformas electorales programado para los próximos días, al tiempo que enfrenta graves acusaciones de narcotráfico en Estados Unidos.
La decisión llega casi un mes después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al ahora senador con licencia por presuntos vínculos con la facción de “Los Chapito”, del Cártel de Sinaloa. Junto con él, otros nueve funcionarios también recibieron acusaciones similares, entre ellos, destaca el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Así como también Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa. Estos últimos dos se entregaron a las autoridades de Estados Unidos desde el pasado 11 de mayo.
En su menaje en medios sociales, el senador, calificó su salida temporal como una respuesta a la “embestida mediática que se ha desplegado por personeros y medios de la derecha”.
Sin embargo, la licencia tiene efectos prácticos inmediatos: su suplente, Omar López Campos, ocupará la curul durante el periodo extraordinario de sesiones del 28 y 29 de mayo, en el que se discuten cuatro reformas estructurales al sistema electoral mexicano. La jugada legislativa garantiza que Inzunza no tendrá que justificar personalmente su presencia en el pleno mientras su nombre figura en los expedientes de la fiscalía federal en Brooklyn.
De acuerdo con el pliego acusatorio difundido por la corte federal del Distrito Este de Nueva York, Inzunza Cázares enfrenta tres cargos graves:
Se le acusa de coordinar con el Cártel de Sinaloa —específicamente con la facción violenta conocida como “Los Chapitos”, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán— el ingreso ilegal a Estados Unidos de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.
También por la presunta posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y por el delito de conspiración para posesión de armas y dispositivos destructivos. Por tales acusaciones, Inzunza, de acuerdo con el Departamento de Justicia, podría enfrentar una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión e incluso cadena perpetua.
El documento judicial detalla que Inzunza, quien se desempeñó como secretario general de Sinaloa entre 2021 y 2024 bajo el gobierno de Rocha Moya, era un engranaje clave en la relación entre el poder estatal y “Los Chapitos” para garantizar la protección al crimen organizado a cambio de financiamiento político y logístico.
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El pasado 26 de mayo, Inzunza publicó un mensaje en redes sociales donde informó que se presentó a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, Sinaloa. Agregó que llegó a la cita sin acompañamiento jurídico y como su propio abogado.
Aseveró que acudía “desde la rectitud de hombre de la República”, y subrayó que no se ampararía en el fuero constitucional que protege a los legisladores de procesos penales. “Ratifico que es mi disposición indeclinable atender este y todo requerimiento, sin ampararme en la excepción que en razón de mi cargo de legislador establece el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, escribió en la red social X.
El Senado de la República detalló que la licencia solicitada por Enrique Inzunza terminará este mismo viernes 29 de mayo de 2026. A partir de ese momento, retomará sus funciones como senador.
