FGR
Huachicol fiscal
Este jueves 8 de octubre de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la vinculación a proceso de Miguel Ángel Solano Ruiz, alias “Capitán Sol”, por su presunta participación en delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos (huachicol fiscal).
El Ministerio Público Federal, adscrito a la FEMDO, se encargó de proporcionar los datos de prueba para que la autoridad judicial ratificara la prisión preventiva oficiosa y decretara seis meses para la investigación complementaria.
De acuerdo con las investigaciones federales, la trayectoria de Miguel Ángel Solano abarca ambos extremos del sistema de seguridad en México. Los registros indican que, entre 2010 y 2018, se desempeñó como comisionado de la Procuraduría General de la República (PGR), experiencia que le habría proporcionado conocimiento interno sobre la lógica operativa de las instituciones de procuración de justicia.
Según el expediente 325/2025, al “Capitán Sol” se le señala por su presunta participación como operador central de una organización dedicada al fraude en la importación de combustible. Supuestamente, la red introducía al país volúmenes de petrolíferos muy superiores a los declarados a través de documentos aduanales falsificados, o los disfrazaba como mercancías distintas para evadir impuestos.
Las autoridades calculan que, entre junio de 2024 y julio de 2025, la organización transfirió más de tres mil millones de pesos a través de una sola empresa (Ingemar) mediante una cuenta en Intercam. Además, el expediente detalla el rastreo financiero del imputado: aproximadamente 52.2 millones de pesos ingresaron a sus cuentas bajo conceptos como boletos, sorteos y premios de juegos. Así como también 11.5 millones de pesos en consumos con tarjeta de crédito, 3.4 millones en pagos salariales a través de cinco empresas y casi dos millones en cheques interbancarios.
La detención del “Capitán Sol” se produjo a principios de este octubre en una zona residencial de Zapopan, Jalisco. El operativo de captura no fue fortuito; representó el punto final de una operación de inteligencia interinstitucional que se extendió por varios meses.
La inteligencia Semar lideró las labores de localización. De acuerdo con las autoridades, los investigadores construyeron el patrón de movilidad del objetivo mediante una combinación de métodos: análisis de registros telefónicos, rastreo de trayectorias financieras, revisión de videos de vigilancia, seguimiento aéreo y “más de 600 análisis financieros dirigidos a su círculo cercano”.
Entre los datos rastreados figuran registros de viajes del objetivo a Francia, Grecia, Mónaco y España. Así como también desplazamientos en avión privado. Una vez que la inteligencia naval estableció su ubicación exacta en territorio mexicano, la información se turnó a la FGR, que solicitó y ejecutó las órdenes de cateo y aprehensión.
En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, FGR y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Posteriormente, al “Capitán Sol” lo trasladaron al Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.
El expediente también señala que el imputado era, presuntamente, el “enlace directo” entre el contralmirante retirado Fernando Farías Laguna y una red criminal más amplia. A Farías Laguna lo vincularon a proceso por delincuencia organizada en agosto de 2026.
La relevancia del caso radica en que el huachicol fiscal revela un modelo delictivo distinto del robo de combustible “tradicional” a través de tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Mientras el huachicol tradicional implica perforaciones ilegales y sustracción directa de combustible, el “huachicol fiscal” explota las vulnerabilidades del sistema de comercio internacional: las organizaciones criminales operan mediante puertos y aduanas legales, introduciendo grandes volúmenes de combustible a través de declaraciones falsas. Como ese combustible termina en canales de distribución legales, la investigación resulta mucho más compleja que en el robo de ducto.
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Las autoridades sostienen que este modelo sólo puede funcionar con complicidad dentro del sistema aduanal. Ello explicaría por qué una persona con antecedentes en el aparato de seguridad es considerada de “valor operativo clave”: su paso por cargos públicos le permitió conocer los métodos de investigación y los puntos ciegos de las instituciones.
