Crimen Organizado
Estados Unidos
Marco Rubio
Narcotráfico
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la designación del Cártel de Juárez y de Los Viagras como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT). Se trata de una medida que amplía la ofensiva iniciada en febrero de 2025 contra ocho cárteles mexicanos y otras organizaciones criminales transnacionales.
La decisión, que entrará en vigor tras su publicación en el Registro Federal, congela todos los bienes e intereses patrimoniales de estas organizaciones en territorio estadounidense. Y prohíbe a cualquier ciudadano estadounidense realizar transacciones con ellas. Además, activa la prohibición penal de proporcionar “apoyo material o recursos” —un término legalmente amplio que abarca desde dinero y servicios hasta entrenamiento y personal—, un delito que, en Estados Unidos, puede castigarse con hasta 20 años de prisión.
La designación del Cártel de Juárez responde, en parte, a su historial de violencia contra ciudadanos estadounidenses. La administración de Donald Trump señaló específicamente la masacre de 2019 en Sonora, donde sicarios de La Línea —la facción dominante del Cártel de Juárez— asesinaron a nueve ciudadanos estadounidenses: tres adultos y seis niños. Este ataque, ocurrido en una comunidad mormona de la sierra de Sonora, conmocionó a la opinión pública en ambos lados de la frontera. Y se convirtió en un símbolo de la amenaza transfronteriza que representan los cárteles mexicanos.
El Cártel de Juárez, una de las organizaciones más antiguas de México, ha mantenido por décadas el control de la plaza de Ciudad Juárez, una de las rutas más estratégicas para el tráfico de cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos. La Línea, su brazo armado, es señalado por innumerables actos de violencia contra fuerzas de seguridad mexicanas y civiles.
Los Viagras, por su parte, son una organización más reciente que ganó notoriedad en el estado de Michoacán, donde se disputan el territorio con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Nueva Familia Michoacana. Su inclusión en la lista FTO refleja la creciente preocupación de Washington por la fragmentación del crimen organizado mexicano y la proliferación de grupos violentos que operan con impunidad en regiones clave del país.
Esta designación se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno de Estados Unidos que, desde enero de 2025, utilizó las herramientas de la guerra contra el terrorismo para enfrentar al narcotráfico en América Latina. El presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14157, que ordena la “eliminación total” de ciertos cárteles de la droga y organizaciones criminales transnacionales. En febrero de 2025, el Departamento de Estado designó a ocho organizaciones, incluyendo el Cártel de Sinaloa, el CJNG, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, Carteles Unidos, La Nueva Familia Michoacana, la Mara Salvatrucha y el Tren de Aragua.
En los meses siguientes, el Gobierno estadounidense amplió la lista para incluir a grupos como el Clan del Golfo en Colombia, el Comando Vermelho y el Primer Comando Capital en Brasil, y diversas facciones del Estado Islámico en África y el sudeste asiático. También designó a individuos y entidades vinculadas a estos cárteles, como la red de “huachicol” (robo de combustible) del CJNG.
La designación como FTO y SDGT tiene consecuencias inmediatas y de largo alcance. Además del bloqueo de activos y la prohibición de transacciones, estas medidas exponen a las organizaciones a sanciones secundarias. Lo cual significa que cualquier entidad o individuo no estadounidense que realice negocios con ellas también puede enfrentar sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
La medida no está exenta de controversia en México. La designación de cárteles como organizaciones terroristas se recibió con recelo por sectores del gobierno mexicano, que ven en ésta una intromisión en la soberanía nacional y una posible puerta de entrada a operaciones unilaterales de Estados Unidos en territorio mexicano. El Gobierno de México, encabezado por la presidenta, Claudia Sheinbaum, mantiene una postura de cooperación en materia de seguridad; pero defiende la soberanía del país y reguló estrictamente las actividades de agentes estadounidenses en México.
“La Administración Trump seguirá utilizando todos los recursos a su alcance para proteger a nuestra nación, manteniendo las calles libres de veneno e interrumpiendo las fuentes de financiación de los narcoterroristas violentos. La medida adoptada hoy por el Departamento de Estado demuestra, una vez más, que la Administración Trump continúa cumpliendo sus promesas al pueblo estadounidense de desmantelar los cárteles narcoterroristas, hacer que las comunidades estadounidenses sean más seguras y asegurar la frontera”. Se lee en el comunicado del Departamento de Estado.
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La designación, sin embargo, no implica automáticamente una intervención militar. Sino que se centra en el aislamiento financiero y penal de las organizaciones.
