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Raúl Castro
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este miércoles sobre la acusación formal en contra del expresidente de Cuba, Raúl Castro, de 94 años. Lo vinculan directamente con el derribo de dos aviones civiles (de Hermanos al Rescate) ocurrido en 1996, donde murieron cuatro personas, tres de éstas, estadounidenses. El anuncio, realizado en la icónica Freedom Tower de Miami bajo la atenta mirada de los familiares de las víctimas, supone la primera vez, en más de 70 años, que la cúpula del régimen castrista enfrenta cargos criminales en territorio estadounidense.
La acusación señala a Raúl Castro y a cinco exmilitares de alto rango y de inteligencia por “conspiración para asesinar connacionales estadounidenses” y “destrucción de aeronaves”. Así como también de cuatro cargos de asesinato en primer grado. Las víctimas, pilotos de la organización Hermanos al Rescate (Brothers to the Rescue), eran Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. Si son hallados culpables, los fiscales no descartan solicitar la pena de muerte.
El contexto de esta imputación no puede entenderse sin mirar a Caracas. Hace apenas cuatro meses, la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ejecutó una audaz operación en Venezuela que resultó en la captura del entonces presidente Nicolás Maduro. Dicho mandatario venezolano enfrentaba cargos similares de narcotráfico en Nueva York. La sombra de esa intervención militar planeó sobre la conferencia de prensa.
El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanchet, subrayó que el gobierno de Donald Trump “perseguirá a cualquier persona que ataque o asesine a ciudadanos estadounidenses tras la acusación contra Raúl Castro”.
“Las naciones y sus líderes no pueden permitirse atacar a estadounidenses, matarlos y no enfrentar responsabilidad”. Refirió. Así como también destacó que espera que Castro se entregue de manera voluntaria en territorio estadounidense o de alguna otra manera.
No obstante, las realidades geográficas y militares difieren. Mientras Venezuela experimentaba una crisis de gobierno, Cuba mantiene un aparato de seguridad interior cohesionado. Aunque una operación de esta magnitud en la isla aún no es inminente, la Casa Blanca intensificó los vuelos de reconocimiento y las sanciones energéticas para asfixiar al régimen.
La acusación se centra en los hechos del 24 de febrero de 1996. De acuerdo con el expediente judicial, tres avionetas Cessna despegaron desde el aeropuerto desde Florida con rumbo a aguas internacionales al norte de La Habana. Sin previo aviso, cazas MiG-29 cubanos interceptaron dos de las aeronaves, derribándolas con misiles aire-aire.
En aquel momento, Raúl Castro ejercía como ministro de Defensa. Y, según los fiscales, supervisaba personalmente la cadena de mando que autorizó el ataque.
La narrativa oficial de Washington describe la misión como un vuelo humanitario en busca de balseros cubanos. Sin embargo, la acusación añade una capa de complejidad al revelar presuntas infiltraciones de la inteligencia cubana dentro de la organización en Miami, que habrían monitoreado las actividades del grupo durante años.
El gobierno cubano, por su parte, rechazó de plano las imputaciones. El actual presidente Miguel Díaz-Canel calificó la medida como una “maniobra política, desprovista de toda base legal” y destinada a “justificar la locura de una agresión militar”. La Habana mantiene que las aeronaves violaron su espacio aéreo y que la organización Hermanos al Rescate era una fachada para actividades terroristas.
Esta acusación se suma a una batería de medidas de máxima presión adoptadas en las últimas semanas, que incluyen la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a La Habana para discutir sobre asuntos de inteligencia, seguridad regional y economía de Cuba.
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El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, se pronunció vía redes sociales sobre la acusación de Estados Unidos. Aseveró que el Gobierno Revolucionario “condena en los términos más enérgicos la canalla acusación del Departamento de Justicia de EE. UU. anunciada este 20 de mayo y pregonada durante varias semanas contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana”.
“Esta acusación espuria se suma a los intentos desesperados de elementos anticubanos por construir una narrativa fraudulenta en el esfuerzo por justificar el castigo colectivo y despiadado contra el noble pueblo cubano, mediante el reforzamiento de las medidas coercitivas unilaterales, incluyendo el injusto y genocida bloqueo energético y las amenazas de agresión armada”. Añadió.
“Cuba ratifica su compromiso con la paz y la firme determinación de ejercer el derecho inalienable a la legítima defensa, que reconoce la Carta de las Naciones Unidas. El pueblo cubano reafirma la decisión inconmovible de defender la Patria y su Revolución Socialista. Y, con la mayor fuerza y firmeza, su respaldo irrestricto e invariable al general de Ejército Raúl Castro Ruz, Líder de la Revolución cubana”, puntualizó.
