A través de un comunicado, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), resaltó que a un año de que México decidiera de manera libre y democrática el inicio del segundo piso de la Cuarta Transformación de la vida pública nacional, hoy, en un acontecimiento histórico, compareció ante la Nación, la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. La mandataria, desde Palacio Nacional, rindió cuentas de los primeros 11 meses de su gobierno.
Ante representantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, – que agrupa a 70 Pueblos Indígenas y el Pueblo Afromexicano-, Sheinbaum afirmó que la 4T “no sólo es un proyecto económico, o político, es, sobre todo, de dignidad”. Agregó que se tratad de un proyecto que reconoce que “no puede haber justicia verdadera si no empezamos por saldar la deuda histórica con los pueblos indígenas”.
Añadió que no puede haber democracia real si se excluye la voz de quienes llevan siglos resistiendo. Y que no puede haber identidad nacional sin reconocer el rostro indígena. El cual, remarcó, “es la esencia y grandeza cultural del país”.
En presencia de gobernadores, representantes del Poder Legislativo y Judicial. Así como integrantes de su gabinete legal y ampliado, la mandataria mexicana destacó que, cumpliendo con la Reforma Constitucional de reconocimiento a los pueblos originarios, por primera vez en la historia, 20 mil 358 comunidades indígenas y afromexicanas reciben directamente presupuesto público del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
“Este año el monto es de 12 millones 374 mil pesos, administrados de acuerdo con sus formas de gobierno y organización comunitaria”, dijo. Así como también añadió que, con ello, más de 20 mil 358 comunidades, en 28 estados, ejercen de manera autónoma el presupuesto directo. Lo cual fortalece su organización social comunitaria.
Además, del Anexo Transversal 10, los pueblos y comunidades indígenas reciben más de 221 mdp para que ellos mismos los administren y ejerzan. Esto mediante sus asambleas y/o autoridades en ejercicio de su autonomía y personalidad jurídica.
Con lo anterior, Sheinbaum cumple su compromiso 18, de los 100 que estableció su gobierno para la construcción del segundo piso de la 4T. El cual habla del “reconocimiento a derechos y justicia a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”.
Al informar sobre el estado que guarda la Nación, en la que implantó una fuerte política pública para el reconocimiento y reivindicación de los pueblos indígenas y afromexicanos como un acto de justicia social, Sheinbaum Pardo aseveró que su gobierno “da continuidad a 16 planes de justicia y se iniciaron dos nuevos (para el Pueblo Amuzgo y el pueblo P´urhépecha)”. Lo anterior con una inversión de más de 34 mil mdp, en beneficio de más de 420 mil personas de 26 Pueblos Indígenas en 12 entidades federativas.
La jefa del Ejecutivo federal destacó el reconocimiento de posesión legítima, resarcimiento, restitución y titulación de propiedad comunal tradicional de tierras. “Firmamos cinco decretos presidenciales que restituyen, reconocen y titulan cerca de 10 mil hectáreas de tierras como propiedad comunal tradicional para las comunidades Rarámuri y Wixárika. Con lo que se reconocen sus derechos históricos sobre los territorios que habitan y preservan”, resaltó.
Así, el Gobierno cumplió con el compromiso de “hacer justicia social y reparar los agravios y las injusticias que históricamente han vivido los Pueblos Indígenas del país”.
Como parte del Plan Lázaro Cárdenas del Río, la mandataria detalló que se rehabilitan y amplían 820 km de caminos en la zona Mixteca, Amuzga, Nahua y Tlapaneca de las montañas de Oaxaca y Guerrero. “Así mismo, otorgamos recursos para 500 km de caminos artesanales en el marco de los planes de justicia para las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos en 11 estados del país”, añadió.
Lo anterior, en cumplimiento con otro de los 100 compromisos establecidos en el inicio de su sexenio: la continuación del Programa de Caminos Artesanales para la conectividad regional y comunitaria de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Agregó que, en los primeros 11 meses de gobierno, se implementa el Plan de Justicia Energética en el que se electrifica a comunidades indígenas de Durango.
En cuanto a los avances en la armonización normativa en materia de reconocimiento y derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de conformidad con el Artículo 2o. de la Carta Magna, a partir de la publicación del Decreto por el que se reformó el Artículo 2o. Constitucional, los estados de Michoacán y Chiapas realizaron modificaciones a su marco constitucional estatal.
Asimismo, se publicó la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que reconoce a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas como sujetos de derecho público en el ámbito de la comunicación en el país. Esto con un marco jurídico que promueve el desarrollo de infraestructura y difusión de contenidos producidos desde los propios pueblos.
Para garantizar el derecho de la niñez y juventud a la educación y alimentación, el Programa de Apoyo a la Educación Indígena atiende a 80 mil 768 niños, adolescentes y jóvenes indígenas y afromexicanos en 23 entidades federativas. Esto a través de mil 400 Casas y Comedores.
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Por último, resaltaron que, como prioridad la atención a los más pobres, en especial a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, salieron de la pobreza 13.5 millones de personas en México. En el caso de la población indígena, la reducción fue de 9.5 puntos porcentuales. Esto tras pasar de 70.3 en 2018, a 60.8 por ciento en 2024. Lo cual equivale a que medio millón de personas de comunidades indígenas mejoraron sus condiciones de vida.
