Ayotzinapa
Fiscalía
Guerrero
A poco más de una semana del asesinato del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, por parte de agentes de policía adscritos al Grupo de Reacción Inmediata Centauro, de la Policía Estatal de Guerrero, la comunidad de normalistas continuaba exigiendo la destitución de la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos.
Lo anterior debido a las irregularidades que se han presentado en el caso. Ya que, originalmente, los policías afirmaron que activaron sus armas en respuesta a los disparos realizados desde el vehículo donde viajaba Yanqui Kothan.
Sin embargo, días después, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante una conferencia matutina, rechazó que el estudiante normalista estuviera armado. Derribando así la narrativa de los policías y encendiendo el clamor de justicia por parte de los pobladores de Ayotzinapa, quienes se manifestaron frente al Congreso local para exigir que la fiscal deje su cargo.
Tras lo anterior, recientemente la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, aceptó la renuncia de dos altos cargos de su gobierno, quienes estarían involucrados en la versión de que los policías actuaron en respuesta a una agresión. Se trata de Ludwig Marcial Reynoso Núñez, titular de la Secretaría de Gobierno y de Rolando Solano Rivera, titular de la Secretaría de Seguridad estatal.
De igual manera, Salgado Pineda señaló que solicitará al Congreso separar de su cargo en la Fiscalía a Sandra Luz Valdovinos. Sin embargo, la fiscal se aferra a su puesto y afirmó que agotaría toda recurso legal para evitar dejar la titularidad de la fiscalía.
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No obstante, de acuerdo con el artículo 42 de la Constitución Política del estado de Guerrero, el titular del ejecutivo, en este caso Evelyn Salgado, tiene la facultad de remover al fiscal general de la entidad en caso de haber situaciones graves, por ejemplo, la fuga del policía que asesinó al normalista. Por lo que la gobernadora simplemente envió una notificación al Congreso, donde los legisladores deben responder si tienen alguna objeción o no, en los próximos 10 días.
En caso de que no exista una respuesta por parte del Congreso en el periodo especificado, se daría por entendido que están de acuerdo con la destitución de la fiscal. Por lo que comenzarían el proceso para buscar a quien se haga cargo de la fiscalía general estatal. Mientras tanto, se designaría a un fiscal interino, que en este caso es Gabriel Alejandro Hernández Mendoza, otrora vicefiscal y director de investigación en Guerrero.
