Morelos
Uriel Carmona
El Congreso de Morelos aprobó la destitución de Uriel Carmona Gándara como fiscal general del estado, respaldando la solicitud presentada por el gobierno encabezado por Margarita González Saravia. La decisión, tomada con 16 votos a favor y cuatro en contra (PAN y MC), puso punto final a casi siete años de su gestión al frente de la fiscalía estatal, a pesar de que aún le restaban dos años en el cargo.
Durante la sesión legislativa de este jueves, los diputados hicieron una pausa de hasta cuatro horas para revisar la petición enviada por el jefe de la oficina de la gubernatura, Javier García, en representación de la mandataria estatal. Ante esto, Rafael Reyes, coordinador de Morena en el Congreso y presidente de la Junta Política, convocó a una reunión de emergencia para evaluar el caso.
No era la primera vez que el Ejecutivo estatal intentaba remover a Carmona Gándara. Con anterioridad, había dirigido otro documento a la presidenta del Congreso, Jazmín Solano, insistiendo en su salida.
Uno de los principales cuestionamientos en su contra provino de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien lo señaló como un obstáculo para la pacificación del estado. Durante su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México, lo acusó de encubrir a los responsables del feminicidio de Ariadna Fernanda ‘N’ y de manipular pruebas para evitar que el caso se clasificara como tal.
Tras su remoción, Uriel Carmona calificó la decisión del Congreso como “inconstitucional” e “ilegal”. Asimismo, afirmó que no fue notificado oficialmente y que se enteró de la noticia a través de los medios de comunicación.
“Este procedimiento exigía que se me diera la oportunidad de defenderme, lo cual no ocurrió. Se violó mi derecho a audiencia”, señaló. Además, sugirió que su destitución estuvo vinculada con su reciente solicitud de desafuero contra el exgobernador Cuauhtémoc Blanco.
El exfiscal enfrentó procesos penales relacionados con el caso de Ariadna Fernanda, lo que derivó en su arresto y prisión preventiva. También se le acusó de estar involucrado en la tortura de un individuo conocido como “El Diablo”. Durante su reclusión, pasó casi dos meses en prisión, incluyendo un periodo en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.
Además, su administración fue señalada por presunta protección al exgobernador Graco Ramírez, así como por perseguir judicialmente a periodistas y funcionarios vinculados con Cuauhtémoc Blanco. También se le relacionó con presuntos desvíos de recursos y una red de influencias con nexos políticos y criminales.
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A pesar de estas denuncias, legisladores del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza se habían opuesto a su destitución, lo que permitió que continuara en el cargo tras recuperar su libertad. Sin embargo, la gobernadora González Saravia reiteró en diversas ocasiones la necesidad de removerlo, argumentando su falta de acción en casos de alto impacto.
