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La Corte Suprema de Estados Unidos falló este viernes que la controvertida Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) protege a los fabricantes estadounidenses de armamento de la demanda por daños presentada por México, revocando una decisión previa de apelaciones que había permitido avanzar al caso.
En una decisión unánime, los magistrados determinaron que México no logró demostrar que los fabricantes cumplieran el requisito de “ayuda e instigación” al tráfico ilegal transfronterizo de armas, según el texto publicado en el sitio web del alto tribunal. La Corte evitó pronunciarse sobre el argumento complementario de “causa próxima” del daño alegado por México.
El fallo anula específicamente la decisión de enero de 2024 de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Boston, que consideró válidos los argumentos de México sobre la complicidad de las empresas. El caso regresa ahora a la Corte de Distrito de Massachusetts, que deberá desestimar la demanda en consonancia con la opinión suprema.
El gobierno de México inició esta acción legal en agosto de 2021, bajo el argumento de que las prácticas negligentes de los fabricantes facilitaban el flujo de armas hacia cárteles de la droga, contribuyendo directamente a la violencia en territorio mexicano.
A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México expresó inmediatamente su “firme desacuerdo” con la decisión. Y prometieron agotar “todos los recursos legales y diplomáticos disponibles” para combatir el tráfico ilícito.
“México presentó argumentos sólidos que demuestran el daño que las empresas fabricantes de armas ocasionan a nuestro país. Y seguirá en su lucha contra el tráfico de armas y la responsabilidad de las empresas que fabrican y permiten que el flujo de armas siga alimentando la violencia y nutriendo a los grupos delictivos que atentan contra la paz y la seguridad de las familias mexicanas”. Externó la SRE.
La Corte Suprema aclaró que su decisión no afecta una segunda demanda presentada por México en 2022 ante una corte federal de Tucson, Arizona. Ese caso, dirigido contra cinco distribuidores minoristas de armas (no fabricantes), sigue su curso y actualmente se encuentra en fase de recolección de pruebas.
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Las demandas han catapultado la crisis del tráfico de armas hacia México a la atención internacional. El gobierno mexicano logró, en 2021, que el Consejo de Seguridad de la ONU adoptara la Resolución 2616, reconociendo el vínculo entre el flujo ilícito de armas y la violencia criminal. México espera además una opinión consultiva sobre el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
