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Tras una demanda de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, Apple y Google eliminaron las aplicaciones, como ICEBlock, que permitían a los usuarios rastrear los movimientos de agentes federales de inmigración (ICE).
La eliminación de la aplicación más prominente, ICEBlock, junto con otras plataformas similares, marca un momento significativo en el conflicto creciente entre las agresivas políticas de inmigración de la administración Trump y las comunidades de inmigrantes que buscan protegerse. La decisión subraya el inmenso poder que las empresas tecnológicas privadas ejercen como guardianas del discurso público. Así como de la vulnerabilidad de las herramientas digitales en un ambiente políticamente cargado.
El desarrollo y la rápida adopción de aplicaciones como ICEBlock son una respuesta directa al enfoque renovado e intensificado de la administración Trump en la aplicación de la ley de inmigración. Desde el inicio del segundo mandato, la administración actuó para implementar una agenda expansiva, incluyendo la búsqueda más agresiva de deportaciones y políticas que aumentaron los temores dentro de las comunidades de inmigrantes.
ICEBlock, lanzada en abril por el creador Joshua Aaron, superó rápidamente el millón de usuarios. Funcionaba como un sistema de alerta temprana colaborativo, que permitía a las personas reportar avistamientos de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y alertar a otros en un radio de ocho kilómetros. Aaron y sus seguidores presentaron la aplicación como una herramienta necesaria para la autodefensa de la comunidad frente a las redadas del gobierno.
La administración de Trump, sin embargo, la vio como una amenaza directa. El debate alcanzó un punto crítico tras un tiroteo trágico en una instalación de ICE en Dallas en septiembre. Funcionarios federales, incluido el director del FBI, Kash Patel, señalaron que el pistolero buscó aplicaciones que rastreaban a agentes de ICE, aunque no confirmaron que hubiera usado ICEBlock. Este incidente se convirtió en una justificación central para la posterior represión del gobierno.
El 2 de octubre, el Departamento de Justicia, bajo la dirección de la fiscal general, Pam Bondi, tomó acción decisiva.
“Nos comunicamos con Apple para exigir que elimine la aplicación ICEBlock de su App Store, y Apple lo hizo”, declaró Bondi. Calificó la aplicación como una herramienta “diseñada para poner en riesgo a los agentes de ICE sólo por hacer su trabajo”, afirmando que “la violencia contra las fuerzas del orden es una línea roja intolerable que no se puede cruzar”.
El cumplimiento de Apple fue rápido. La compañía notificó a Aaron que eliminarían ICEBlock por violar las pautas de la App Store contra contenido “objetable”. En un correo electrónico a Aaron, Apple declaró que la “información proporcionada a Apple por las fuerzas del orden” mostró que el propósito de la aplicación era “proporcionar información de ubicación sobre agentes de las fuerzas del orden que puede usarse para dañar a dichos agentes”. Google hizo lo mismo y eliminó aplicaciones similares de su Play Store, aunque ICEBlock, en sí, no estaba disponible en la plataforma Android.
La administración de Trump y el ICE argumentaron que aplicaciones como ICEBlock ponen en peligro a los agentes federales. Señalan un aumento del mil por ciento en los ataques reportados contra empleados de ICE como evidencia de un ambiente peligrosamente hostil. Después del tiroteo en Dallas, el vínculo entre las herramientas de rastreo y la violencia, aunque no probado de manera concluyente, se convirtió en una parte poderosa de la narrativa de la administración.
En respuesta, Joshua Aaron expresó una profunda decepción, acusando a Apple de “capitular ante un régimen autoritario”. Él y los expertos legales presentaron una defensa robusta centrada en la Primera Enmienda.
Aaron insiste en que la aplicación se diseñó para ayudar a la gente a evitar el contacto con ICE, no para incitar a la violencia. Compara su funcionalidad con aplicaciones de navegación como Waze y Apple Maps, que permiten a los usuarios reportar la ubicación de los controles de velocidad de la policía, una característica que los gigantes tecnológicos nunca han considerado eliminar.
“Esto es un discurso protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos”, declaró Aaron, prometiendo luchar contra la eliminación. Los abogados de derechos civiles hicieron eco de este sentimiento. Alejandra Caraballo de la Clínica de ciberderecho de la Universidad de Harvard, advirtió que el precedente es profundamente preocupante. “Lo que realmente me preocupa es el tipo de precedente que esto establece, donde el gobierno puede, básicamente, dictar qué tipo de aplicaciones tiene la gente en sus teléfonos”, dijo.
Para las comunidades de inmigrantes, estas aplicaciones eran un salvavidas digital. “La gente está extremadamente asustada en este momento”, dijo Sherman Austin, fundador de la Stop ICE Raids Alert Network, que tiene más de 500 mil suscriptores. “Quieren saber qué está pasando en su vecindario”. Kica Matos, presidenta del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, calificó las aplicaciones como “un salvavidas para las comunidades que viven en incertidumbre y miedo”.
La eliminación coordinada por Apple y Google plantea preguntas profundas sobre el papel de las plataformas tecnológicas en la regulación del discurso público y su relación con el estado.
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La campaña de presión se extiende más allá de las tiendas de aplicaciones. El Departamento de Seguridad Nacional también citó a Meta para obtener datos relacionados con la cuenta de Instagram de StopICE.Net, aunque esa acción está temporalmente bloqueada pendiente de una audiencia judicial. Esto sugiere una estrategia más amplia para desmantelar las redes que monitorean la actividad gubernamental.
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