Alfonso Durazo
Américo Villarreal
Claudia Sheinbaum
Sonora
Tamaulipas
A finales de abril, el gobierno de Estados Unidos solicitó a México la detención provisional con fines de extradición de Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios de Sinaloa. ¿El motivo? Su presunto vínculo con el narcotráfico y crimen organizado, precisamente, con el Cártel de Sinaloa. Ahora, de acuerdo con una reciente investigación de Los Ángeles Times, el país vecino prepara otro golpe al gobierno mexicano… y los objetivos son dos gobernadores de Morena, Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas, y Alfonso Durazo Montaño, de Sonora.
Las pesquisas, que se suman a los cargos ya presentados contra el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, apuntan a una red de corrupción que operaría en la cúpula del poder en México.
La investigación, publicada este mismo miércoles, sugiere que Estados Unidos incluso ya le retiró las visas a Américo Villarreal y Alfonso Durazo, al mismo tiempo que iniciaron las indagatorias pertinentes contra dichos gobernadores en funciones. No obstante, la también revela un dato aún más perturbador: tanto Durazo como Villarreal ingresaron a Estados Unidos en diversas de ocasiones bajo un estatus migratorio excepcional.
Se trata del programa “Significant Public Benefit Parole”. A través de éste, se otorga un permiso temporal que permite a extranjeros ingresar a Estados Unidos. Sobre ello, destaca que uno de los escenarios para otorgar este beneficio es en caso de investigaciones o procesos legales. Es decir, con ello, una persona de interés en una investigación puede entrar al país para fungir como informante con agencias estadounidenses o para testificar en la corte.
Alfonso Durazo, otrora secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, enfrenta señalamientos por presuntos “vínculos con el crimen organizado”. En tanto que, a Américo Villarreal, lo estarían relacionado con el delito de huachicol fiscal.
Este nuevo capítulo de tensión se produce a poco más de un mes de que un tribunal de Nueva York imputara cargos por narcotráfico contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, a quien se le acusa de proteger al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos multimillonarios. La administración de Donald Trump, que designó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, parece estar ejecutando una estrategia sistemática de asfixia contra los “blancos difíciles” en la política mexicana.
En reacción inmediata a las filtraciones, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, salió al paso desde su conferencia matutina en Palacio Nacional. Si bien evitó confirmar o desmentir las investigaciones, la mandataria lanzó una dura crítica a la metodología de Washington.
“Salió una nota en Los Ángeles Times, de dos gobernadores, entiendo que ellos tienen que aclarar. Pero ayer o antier lo dije, qué intención con quitar la visa y, además, hacerlo público. O sea, vamos a filtrar, por así se actúa por algunos sectores, para decir a los mexicanos ‘aguas, te van a quitar la visa’. Hay que estar tranquilos, cuando uno está tranquilo con sus convicciones, con la certeza de lo que está haciendo y la garantía de que estamos actuando por el bien del pueblo de México y de la nación, entonces pueden venir estas cosas. Pero ¿cuál es el interés? Tenemos todo el derecho, al menos de la duda”, dijo Sheinbaum Pardo.
Mientras la Casa Blanca guarda silencio a través de sus canales oficiales, la defensa de los gobernadores se ha librado en los pasillos y las redes sociales. Las administraciones estatales de Sonora y Tamaulipas salieron con versiones encontradas.
Paloma Terán, vocera del gobierno de Sonora, calificó la información como “completamente falsa”, asegurando que Durazo cuenta con una visa vigente. “El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento sin sustento y reiteramos nuestro compromiso con la verdad y la transparencia”, publicó en X.
Por su parte, el Coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, Gerardo Algarín, se pronunció en X para negar “de manera categórica y contundente” los señalamientos publicados por Los Ángeles Times contra el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal.
“Son señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde. No hay documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable que acredite lo publicado”, señaló el funcionario. Así como también remarcó que “nadie puede convertir rumores, versiones anónimas o especulaciones en hechos”. Y remató sus publicaciones reiterando que “la verdad se demuestra con evidencia; las insinuaciones jamás sustituyen a las pruebas”.
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Este escándalo coloca a Estados Unidos en una posición sin precedentes de influencia sobre la clase política mexicana, forzando un delicado equilibrio entre la cooperación en seguridad y la percepción de una violación a la soberanía nacional.
