Crimen Organizado
Puebla
SSPC
En un operativo coordinado que se extendió durante la madrugada de este lunes, fuerzas federales y estatales detuvieron a José Isaac Rodríguez Ochoa, presidente municipal de Esperanza, Puebla, como parte del “Operativo Enjambre”. La acción, descrita por las autoridades como un golpe directo a las redes de protección del crimen organizado, también resultó en la captura de su hermano, Manuel Rodríguez Ochoa, y de la exdirectora de Seguridad Pública municipal, Abigail “N”, entre otros seis individuos.
La operación, confirmada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, representa la segunda detención de un alcalde en el estado en menos de una semana, luego de la aprehensión del edil de Tepeyahualco el pasado 4 de septiembre. Con esta acción, suman ocho los presidentes municipales y exfuncionarios detenidos en Puebla desde 2025.
La detención de Rodríguez Ochoa, un licenciado en Derecho que ganó la alcaldía en dos ocasiones por Morena, se deriva de una investigación que lo vincula con una estructura criminal dedicada al robo de autotransporte de carga, extorsión y secuestro en la carretera Puebla-Veracruz. De acuerdo con información de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), Puebla concentra cerca del 31 por ciento de los robos al transporte de carga a nivel nacional, siendo el tramo Amozoc-Esperanza un punto crítico.
“Fueron detenidas nueve personas vinculadas con una estructura criminal dedicada al robo de autotransporte de carga, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto en la carretera Puebla–Veracruz. Entre ellos, Isaac “N”, presidente municipal de Esperanza; Abigail “N”, exdirectora de Seguridad Pública municipal, y Manuel “N”, hermano del alcalde”. Informó García Harfuch.
El secretario subrayó que esta detención se suma a la captura de “Esta acción se suma a la detención de Said de Jesús Godos Luna, presidente municipal de Tepeyahualco, por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.
El modus operandi de la célula criminal, presuntamente vinculada a los grupos conocidos como “Los Zúñiga”, involucraba el uso de información privilegiada y la complicidad de autoridades locales para facilitar los asaltos. “Estas detenciones representan un golpe contundente contra la capacidad operativa y las posibles redes de protección de estas organizaciones criminales”, declaró García Harfuch. Y añadió que la acción tendrá un “impacto directo en la disminución del robo en carreteras, al autotransporte de carga y pasajeros, y la extorsión”.
El despliegue de seguridad, que provocó la suspensión de clases en el municipio, incluyó la ejecución simultánea de 23 órdenes de cateo en diversos domicilios, incluyendo la propiedad del propio alcalde. Los hallazgos resultaron reveladores: las autoridades aseguraron un arsenal de 35 armas de fuego, entre las que destacan dos fusiles Barrett de alto calibre, 52 cargadores, equipo táctico, un dron y un inhibidor de señal utilizado para bloquear los sistemas de rastreo de los camiones de carga.
De igual manera, aseguraron 11 vehículos, de los cuales cuatro contaban con blindaje de fábrica y uno con blindaje artesanal y torreta. Lo cual pone en evidencia el alto poderío y la sofisticación logística de la organización criminal que operaba en la región.
La captura de Rodríguez Ochoa tiene un antecedente directo en los hechos ocurridos en febrero de 2024, cuando policías municipales agredieron a elementos de la Guardia Nacional durante una persecución de un camión robado en los límites de Esperanza; un agente federal resultó herido. Este evento destapó las investigaciones que ahora culminan con la detención del edil y de su exdirectora de Seguridad.
El gobierno federal, a través de la Secretaría de Seguridad, enmarcó esta acción dentro de la política de “cero impunidad” instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, en una clara señal de que los cargos de elección popular no serán un escudo ante la justicia. En el operativo participaron la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y las autoridades estatales, coordinadas por la SSPC.
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Los detenidos, junto con los objetos asegurados, quedaron a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.