Destinarán 12,374 mdp a comunidades indígenas y afromexicanas

Los recursos del FAIS asignados pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas podrán destinarse a obras de agua potable; alcantarillado; drenaje y letrinas; urbanización; electrificación, entere otras.

En un hecho sin precedentes, el gobierno federal asignará este año 12 mil 374 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) directamente a comunidades indígenas y afromexicanas, quienes decidirán su uso mediante asambleas comunitarias. El anuncio, realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum, marca un hito en la política social de México, al conceder autonomía financiera a pueblos históricamente marginados.

La medida es resultado de una reforma al Artículo Segundo de la Constitución, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que reconoce a estos grupos como “sujetos de derecho público” con personalidad jurídica y patrimonio propio. “Por primera vez en la historia, los pueblos originarios no sólo son reconocidos en el papel, sino que también tendrán control real sobre recursos federales”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia matutina.

El 10 por ciento del FAIS (fondo tradicionalmente manejado por estados y municipios) se transferirá ahora directamente a 15 mil 217 comunidades en más de 27 mil localidades. Lo anterior incluye a 70 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano registrados en el Catálogo Nacional del INPI.

¿Cómo funcionará el proceso?

Del 1 al 30 de abril, las comunidades celebrarán asambleas para elegir:

• Un Comité de Administración (encargado de ejecutar los fondos).
• Un Comité de Vigilancia (que supervisará el uso del dinero).

Los recursos, transferidos directamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberán destinarse a proyectos de infraestructura básica:

• Agua potable y saneamiento.
• Electrificación y vivienda.
• Escuelas y centros de salud.

“El modelo es similar al programa La Escuela es Nuestra: las propias comunidades deciden qué priorizar, bajo reglas de transparencia”, explicó Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar.

La reforma llega en un momento crítico: Oaxaca, Chiapas y Veracruz (estados con mayor población indígena y altos índices de pobreza) concentran más de ocho mil comunidades beneficiadas. No obstante, persisten dudas sobre la capacidad logística para implementar el esquema, especialmente en zonas remotas.

Mientras el gobierno celebra el avance como una “reparación histórica”, organizaciones civiles piden mecanismos claros para evitar malversaciones. “El reconocimiento legal es un paso, pero sin acompañamiento técnico y rendición de cuentas, el impacto podría diluirse”, advirtió Yuki Hueda Tanabe, del INPI.

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Posteriormente, se elaborará una ley secundaria para regular el proceso, consultada con las comunidades. Mientras que el INPI emitirá constancias de registro para garantizar que los fondos lleguen a los destinatarios correctos.