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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que incorporó a 25 personas físicas y 15 personas morales a la Lista de Personas Bloqueadas, tras identificar operaciones financieras con elementos de riesgo en el ámbito de los proveedores electorales del INE. Adicionalmente, la dependencia presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que esta autoridad inicie las investigaciones correspondientes.
De acuerdo con el comunicado de la SHCP, las medidas son de carácter administrativo, preventivo y precautorio, y “no implican una determinación definitiva de responsabilidad”. Las personas incluidas en la lista cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable. La UIF subrayó que sus acciones se realizan con respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de los involucrados.
Aunque el comunicado oficial no detalla los nombres de los bloqueados, diversos medios nacionales, reportaron que, presuntamente, entre los incluidos figuran la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, así como los empresarios José Alfredo Hernández Casillas y Reymundo Francisco Hernández Casillas. Cabe resaltar que Taddei renunció a la presidencia del INE el 25 de octubre, tras revelarse los vínculos no declarados entre personas cercanas a ella y proveedores de material electoral.
El bloqueo financiero tiene como trasfondo una presunta red de conflictos de interés en torno a compras de material electoral. De acuerdo con reportes de diversos medios, Jonathan Navarrete Torres (otrora chofer de Taddei durante su gestión en el INE) apareció como representante legal de Corporativo Zeg, empresa vinculada a Cajas Graf, controlada por los hermanos Hernández Casillas. En enero de 2025, Cajas Graf y Corporativo Zeg obtuvieron contratos para la producción de material destinado a la elección judicial por un monto de 197.6 millones de pesos.
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La UIF reiteró su compromiso con la prevención, detección y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ello a través del análisis de información financiera y la coordinación con las autoridades competentes, garantizando en todo momento, “el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de las personas involucradas”.
