Cártel de Sinaloa
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Genaro García Luna
Narcotráfico
El panorama para Genaro García Luna, de 56 años, parece oscurecerse cada vez más. Ahora, el juez de la corte de Nueva York, Brian Cogan, declinó la petición del otrora titular de la Secretaría de Seguridad Pública de México (en tiempos del presidente Felipe Calderón Hinojosa), de tener un nuevo juicio.
A García Luna se le halló culpable en Estados Unidos por diferentes delitos, entre los que se encuentran:
De acuerdo con la defensa del exfuncionario mexicano, se habría solicitado un nuevo juicio, ya que, presuntamente, se encontraron nuevas evidencias que podrían exculpar a García Luna. No obstante, este miércoles, el juez norteamericano, Brian Cogan, emitió un escrito en donde destaca que ninguno de los argumentos ofrecidos por los abogados de García Luna, son suficientes para que se lleve a cabo un nuevo juicio. Con lo anterior, el juez neoyorkino rechazó la petición del exfuncionario mexicano, y mantienen para octubre, su sentencia.
El juez Cogan resaltó que varias de las nuevas evidencias a las que se refieren los abogados defensores, “tratan sobre hechos conocidos o accesibles para el acusado antes del juicio; y otras carecen de sustancia”.
Tal como lo indicó el juez Cogan, la fecha establecida para dar sentencia a Genaro García Luna está pactada para el próximo miércoles 9 de octubre de 2024. Recordemos que, al exfuncionario, lo detuvieron el 10 de diciembre de 2019 en Dallas, Texas. Esto tras señalarlo por recibir sobornos por parte del Cártel de Sinaloa mientras era titular de la Secretaría de Seguridad Pública de México, en el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).
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La fiscal de Nueva York sostiene que García Luna ofreció protección a miembros del crimen organizado, pertenecientes al Cártel de Sinaloa (fundado por Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera e Ismael “Mayo” Zambada García). Por lo que, tras su juicio, al exfuncionario se le ofreció que colabore con el senador Chuck Grassley acerca de las operaciones que se llevaban a cabo entre las autoridades del FBI y la DEA, con el gobierno de México.